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Montoro desvela siete denuncias por el uso fraudulento de fondos para el 1-O

El exministro de Hacienda, clave para la Fiscalía y la Abogacía para demostrar la acusación de malversación, señala ahora a la Generalitat por varias partidas para el referéndum.

El exministro de Hacienda, este miércoles en el Supremo.

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Una entrevista en el diario El Mundo amenazaba con dificultar la acusación de malversación contra los líderes del procés. Pero el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha despejado dudas este miércoles y matizado aquel titular suyo: "No se ha gastado ni un euro público en el 1-O".

Pero ante el tribunal, Montoro ha explicado que aunque su departamento impuso un control sobre "todos" los fondos de la Generalitat, que quedó "intervenida" presupuestaria y contablemente, ese control pudo "resultar defraudado". Y aún ha ido más allá, al desvelar un hecho inédito hasta ahora, que su departamento envió denuncias a Fiscalía.

Montoro, que ha declarado tras hacerlo Mariano Rajoy, ha explicado al respecto que el Ministerio de Hacienda envió en concreto cuatro denuncias a la Fiscalía General del Estado y otras tres a la fiscalía del Tribunal de Cuentas por "indicios" de posibles irregularidades, por el supuesto desvío de fondos.

"Un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado en algún aspecto. Para eso están las investigaciones de tipo policial y de orden judicial", ha dicho. Y ha subrayado también que el Ministerio de Haciendo puso a disposición de los tribunales y de la Policía y la Guardia Civil a expertos del departamento que colaboraron con la investigación.

En este mismo sentido, ha asegurado que una "cosa es el control contable y otra las investigaciones, a la vez que ha apuntado que el Ejecutivo de Carles Puigdemont podría haber "defraudado y engañado" en el uso de fondos públicos para la consulta. Y ha incidido: "¿Cómo no va haber malversación si se han utilizado locales públicos".

Respecto a aquellas declaraciones de que no se destinó ni un euro al referéndum unilateral, ha aclarado Montoro que se refirió a que veía "incidios de prevaricación" porque unos funcionarios estaban convocando una consulta ilegal donde se abrían locales de titularidad pública y eso "era utilización de recursos públicos".

Su intención, según ha precisado, era "transmitir a todos los españoles" que no podía "hacerse materialmente la consulta soberanista", ya que la Generalitat estaba intervenida y no tenía presupuesto. Ha concretado "¿Que clase de convocatoria es la que se hace oficialmente sin presupuesto publico? Es una situacion muy dificil de definir."

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