Delgado mueve hilos para apartar al juez que pone trabas al "decreto Franco"
La Abogacía, que depende del Ministerio de Justicia, recusa al magistrado José Yusty. Este juez ha paralizado la exhumación por los riesgos de la operación en el Valle de los Caídos.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, en una de sus comparecencias sobre la exhumación de Franco.
Al Gobierno le han entrado las prisas con la carpeta Franco. Y se ha puesto manos a la obra, por tierra, mar y aire. La vicepresidenta, Carmen Calvo, responsable del cumplimiento de la promesa de investidura de Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la fecha para la exhumación.
Pero, La Moncloa sabe que tiene un obstáculo: la Justicia. El Tribunal Supremo, por un lado; el juez José Yusty, por otro. Así que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha movido sus hilos.
La Abogacía del Estado -que depende del Gobierno- ha presentado un escrito de recusación en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, que fue el que suspendió el pasado mes de febrero la licencia de obra para exhumar a Franco. Pide a su titular, José Yusty Basterreche, que se aparte del asunto por falta de imparcialidad, han confirmado fuentes jurídicas.
El recurso considera que Yusty Baterreche incurre en una de las causas de recusación prevista en la Ley debido a determinados artículos que el magistrado habría firmado en su día en prensa y revistas especializada sobre el Proyecto de Ley de Memoria Histórica. Por ello podría considerarse que incurre en "contaminación por interés" y debería apartarse.
La recusación, de no ser inadmitida de plano, obligará al magistrado a apartarse momentáneamente del asunto mientras delibera su respuesta, periodo en el que el asunto de la licencia de obra pasará a estar bajo jurisdicción de otro juez que le sustituya, según las fuentes consultadas. En el caso de que rechace apartarse, la Abogacía del Estado podrá recurrir a la Audiencia Provincial, que resolverá definitivamente sobre la cuestión.
En su auto, el juez suspendió cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba a exhumar los restos del dictador en el Valle de los Caídos al entender que, que no siendo urgente adoptar esta medida, no se habían elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realiza con seguridad para los operarios.
Para tomar su decisión, el magistrado se apoyaba en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, según el cual "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco".
"Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", exponía en su resolución.
