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El PP madrileño enmudece tras el informe oficial que resucita "su" corrupción

La oposición a Ayuso se reactiva tras el contundente informe de la Cámara de Cuentas que revela 172 millones de adjudicaciones a la trama. Aguado y Errejón exigen ya explicaciones.

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP madrileño

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Ni una palabra. El PP madrileño ha enmudecido en plena precampaña electoral tras conocerse el demoledor informe de la Cámara de Cuentas sobre los millonarios contratos que, durante años, los Gobiernos populares de la Comunidad de Madrid dieron a las tramas Púnica y Gürtel.

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pese a tener distintos puestos de responsabilidad política o institucional en esa época, no se ha referido públicamente a un asunto que sí ha provocado contundentes reacciones de todos sus rivales, con Ignacio Aguado de Cs e Íñigo Errejón de Más Madrid especialmente.

Tampoco nadie en el PP madrileño se ha referido a un asunto que, sin embargo, puede dinamitar la campaña al añadir a los posibles delitos de corrupción de altos cargos populares la confirmación de que se utilizaron ingentes recursos públicos para premiar a las empresas de la trama que, en algunos casos, pudieron devolver el favor con comisiones.

Ayuso y sus candidatos imputados

La Cámara, una entidad autonómica a imagen y semejanza del Tribunal de Cuentas, ha fijado en 172 millones el importe de los contratos que en dos legislaturas se concedieron desde la Puerta del Sol a firmas cercanas al PP, con casos llamativos de concatenación de adjudicaciones fraccionadas que, a juicio del órgano, atendieron al deseo de alcanzar cantidades superlativas sin tener que respetar el procedimiento reglamentario de concurso.

Mientras Isabel Díaz Ayuso completa la presentación de los candidatos a las alcaldías madrileñas, entre ellos dirigentes imputados como Pilar Martínez en Villaviciosa de Odón con un amplio historial de visitas a los juzgados y otros tres aspirantes en Pozuelo, Brunete y Cercedilla con problemas judiciales; la revelación del organismo oficial resucita el fantasma de la corrupción en el peor momento posible para el PP madrileño, lastrado por las incesantes polémicas de todos sus líderes desde hace dos décadas.

Aguado y Errejón atacan

Por distintas razones, desde Alberto Ruiz Gallardón hasta Cristina Cifuentes, pasando por Ignacio González y Esperanza Aguirre, han protagonizado sonoros escándalos que encuentran ahora en el Tribunal de Cuentas un hilo conductor en el que ya se han fijado los rivales de Ayuso, instalada en el establishment del PP madrileño, con distintas funciones, desde que en 2006 la fichara el polémico Alfredo Prada.

"En Madrid no necesitamos subir impuestos. Con que no se malversen es suficiente". Son palabras de Ignacio Aguado, candidato de Cs, hastiado de los casos de corrupción y dispuesto a crear la figura del Defensor del Denunciante para proteger a los funcionarios que adviertan de casos similares a los que ahora han estallado de nuevo.

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Errejón se dirigió directamente a Díaz Ayuso, tras anunciar que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, para interpelarla. "Es un absoluto escándalo" y "una gota más pero la que colma el vaso".

Por eso, quiere preguntar a la candidata del PP "si está orgullosa y contenta de este patrimonio con el que se presenta o si se presenta para que los madrileños no conozcamos estos cúmulos de vergüenza que seguramente se estén acumulando en los sótanos de la Puerta del Sol de Madrid". De momento, silencio.

Los contratos millonarios

El documento de la Cámara de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica que durante la etapa de los gobiernos populares un total de 133,7 millones IVA excluido fue para sociedades relacionadas con el caso Gürtel mientras que en Púnica alcanzaron los 37,3 millones.

La Cámara de Cuentas detalla en su auditoría que en ese periodo las empresas que han sido relacionadas judicialmente con la causa Gürtel fueron 23 y el organismo fiscalizador solicitó a la Comunidad de Madrid una relación certificada de todos los contratos, tanto mayores como menores.

La relación remitida por la Administración enumera 50 expedientes de contratos mayores con empresas de la Gürtel, incluyendo entre ellos un expediente de convalidación de gasto, con un importe de adjudicación de 133.689.256,89 euros (IVA excluido), cuyo reparto en los diferentes.

La extinta empresa Mintra para materia de transporte adjudicó 57,8 millones a estas empresa en un solo expediente mientras que Metro formalizó 20 contratos por valor de 20,5 millones. Le sigue la Consejería de Educación con 16,1 millones y el Canal de Isabel II, con 12 millones.

Se trata sobre todo de contratos de obras, con un 90 por ciento de las adjudicaciones y un 97 por ciento del importe concedido por la administración (130 millones). Para la prestación de servicios se fraguaron cinco expedientes de contratación valorados en 3,5 millones.

Respecto al procedimiento para la concesión, 31 contratos se hicieron por modalidad abierta por un valor de 11,5 millones mientras que en 12 fue por procedimiento 'negociado' (9,1 millones) y siete por proceso 'restringido' (12,9 millones).

A su vez, existen entre 2008 y 2015 un total de 149 expedientes relacionados con contratos menores con un importe de 1,5 millones. La Consejería de Educación fue la que más contratos de este tipo formalizó con empresas implicadas en la Gürtel, un total de 36, mientras que la Consejería de Deporte, cartera que precisamente ostentaba el exconsejero Alberto López Viejo, tramitó 34.

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La Cámara de Cuentas detalla en la contratación menor de empresas salpicadas por Gürtel diversas irregularidades, poniendo el foco sobre todo en la Consejería de Deportes con actuaciones que evidencia fraccionamiento de contratos para no lanzar uno de mayor dimensión, que requieren licitación y concurrencia pública.

"Lo que se paga a la empresa por trabajos para un mismo acto mediante diferentes facturas, todas de la misma fecha, supera el importe de los contratos menores, por lo que tendría que haberse tramitado un expediente mayor. Es decir, se han producido fraccionamientos del objeto de los contratos que permitieron eludir los principios de publicidad y concurrencia", subraya el documento.

Otro caso aludido en el informe son las facturas por la prestación de servicios plurianuales, cuyo importe anual no supera el establecido para el menor de servicios, pero que, por la duración de la correspondiente necesidad, deberían ser objeto de una contratación mayor.

Esto ocurrió con una empresa para la recogida de basura de 12 contenedores de 1.100 litros de la Finca El Encín desde 2010 a 2014, donde se ubica además un polémico campo de golf declarado ilegal por la justicia pese a que sigue abierto, impulsado por el empresario Joaquín Molpeceres, a quien se considera íntimo de Ignacio González.

Más de la Púnica

En cuanto al caso Púnica, las empresas que han sido relacionadas judicialmente con la causa son 162, y entre 2008 y 2015, el Gobierno madrileño, a través de distintos órganos públicos, pagó 34.736.303 euros (IVA excluido), mediante 17 expedientes de contratos mayores.

El órgano de contratación con más expedientes es la Agencia Madrileña de Atención Social, que suma cuatro, con un importe que alcanzó los 2.662.814 millones de euros; pero es la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que contrató en tres ocasiones, la que pagó más dinero. En total, 29,8 millones.

También están en la lista el SERMAS, con dos expedientes y 697.327 euros; Metro de Madrid, con otros dos y 529.102 euros; el Hospital de la Princesa, con 314.160 euros de un único contrato; y el ya extinguido Instituto Madrileño de Desarrollo y su grupo Empresarial (IMADE), con otros dos contratos por una cantidad de 271.949 euros.

Completan la lista de los nueve organismos la Consejería de Educación y Juventud, con un único expediente y 190.828 euros; Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes, con 145.570 euros; y la Consejería de Empleo, Cultura y Turismo, con 61.626 euros.

Tres de estos contratos iban dirigidos a la gestión de servicios (29,8 millones), mientras que once, con una suma de 4,2 millones era para servicios directos. Después hay uno por obras y otro por suministros. El procedimiento de adjudicación más utilizado fue el abierto con varios criterios.

El organismo fiscalizador detalla también que la Administración le ha aportado relación de 963 contratos menores con empresas de esta trama de corrupción por un valor de 2,6 millones. Se especifica por la Comunidad que en el caso de la Gerencia de Atención Primaria no se concreta el número de expedientes de contratación pero sí su cuantía.

Fuentes de todos los partidos han explicado a ESdiario que este asunto será central en la campaña electoral y que no permitirán que el PP madrileño lo esquive apelando a un pasado que, a su juicio, está muy presente. "Ayuso estuvo allí todos esos años, no puede decir que es nueva", apuntan.