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Asuntos Internos estrecha el cerco a Villarejo destapando sus mangoneos en la AN

La operación de la Fiscalía Anticorrupción demuestra como campaba a sus anchas el excomisario en la Audiencia Nacional y lastra las expectativas políticas de la ministra Delgado.

El horizonte judicial de Villarejo se pone cada día más negro.

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Nuevo golpe policial al entramado del excomisario José Villarejo, sus redes en la Audiencia Nacional y sus amistades peligrosas con jueces y fiscales, entre ellos la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha desarrollado este miércoles un operativo instado por la Fiscalía Anticorrupción por el que han sido detenidas cinco personas relacionadas con un pago de 10 millones de euros al comisario jubilado para frustrar la extradición de uno de los arrestados, el empresario Ángel Pérez-Maura.

Junto a él, han sido detenidos los empresarios Adrián De la Joya y Francisco Javier Soucheiron, así como un hermano de Pérez-Maura y el abogado Enrique Maestre, únicas personas a las que afecta la operación que también ha conllevado registros en domicilios y empresas, según informa la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

Los hechos se enmarcan en la pieza Pit del caso Villarejo, que investiga los pagos que éste recibió para intentar frustrar la extradición a Guatemala de Pérez-Maura en el año 2016, cuando su país le reclamaba acusado de pagar una comisión de 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 al presidente y la vicepresidenta guatemaltecos, entre otros, para garantizarse una adjudicación.

Se trataba de conseguir que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Anticorrupción investiga en este contexto la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario Villarejo y en particular, su mercantil A Pérez y Cia S.L., para impedir la detención y extradición de Pérez-Maura "así como para obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España".

El expediente de extradición se abrió en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el 27 de abril de 2016 y fue archivado hasta en dos ocasiones por falta de la documentación necesaria que debían enviar las autoridades guatemaltecas.

Finalmente, el empresario compareció en febrero de 2018 se negó a ser extraditado argumentando, entre otras razones, que es nacional español. La cuestión quedó en manos de la Sala de lo Penal, que tras una vista celebrada el 21 de mayo de aquel año, acordó denegar la entrega a Guatemala.

En el comunicado, Anticorrupción recuerda que la investigación no atañe a la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que era fiscal de la Audiencia Nacional en aquellas momentos y de "quien no consta tuviera intervención alguna en el citado procedimiento de extradición".

Otra cosa es su futuro político, ya muy dañado tras el escándalo que produjeron las grabaciones del expolicía de sus almuerzos con Delgado y el exjuez Baltasar Garzón.

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