Todos los diputados de Podemos se quedaron con la "paguita" al dejar el Congreso
El 97% de Sus Señorías no renunció al privilegio de dos mensualidades tras disolverse las Cámaras, un privilegio que reclamó incluso el líder "obrero" Diego Cañamero.
Ni uno solo de los líderes de los grandes partidos dejó de cobrar al disolverse el Congreso, utilizando una prebenda legal que les permite seguir recibiendo una "paguita" de 3.000 euros mensuales -más complementos- hasta el comienzo formal de la siguiente legislatura.
Un privilegio del que pueden disponer los políticos con independencia de que sigan o no en la Cámara y al que casi todos han recurrido, incluyendo a aquellos que más suelen criticar los "privilegios de la casta".
Es verdad que no tienen estrictamente paro, aunque sí una compensación si han estado 24 meses en el Congreso, pero también que sus altos emolumentos les permiten disponer de un ahorro, a diferencia de otras actividades como la de autónomo que no disponen de grandes subsidios cuando terminan su actividad.
Celia Villalobos, tras toda una vida en política, también ha pedido la compensación pese a que no será diputada
Así, todos los diputados de Podemos han recurrido a esa compensación, incluido el controvertido Diego Cañamero, el líder agrario que se estrenó hace cuatro años en el Congreso portando una camiseta en homenaje a Andrés Bódalo, detenido por agredir a una mujer embarazada en el transcurso de una huelga general.
No es una excepción, aunque llame la atención por su discurso previo. Un total de 221 diputados van a cobrar la denominada 'indemnización de transición', una paga única que se abona a los parlamentarios que dejaron de serlo por la disolución de las Cortes, previa solicitud expresa de la misma. Se trata del 97,73% de los 221 exdiputados que podían pedirlo, ya sólo cinco han renunciado a esa compensación.
Tras la disolución del Congreso sólo continúan siendo diputados y cobrando como tales los 129 miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en los periodos entre legislaturas.
Los 221 restantes, fueran o no candidatos a las elecciones generales, podían reclamar esta indemnización que corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 53 días que median entre la disolución del Congreso -que tuvo lugar el 5 de marzo- y la jornada de reflexión de los comicios del 28 de abril.
Los exdiputados que han pedido la indemnización cobrarán lo correspondiente a esos 53 días del sueldo base que venían percibiendo -2.972,94 euros- más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso, lo que supone casi dos meses de salario.
Eso sí, la indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado. Por ello, nueve de los 216 beneficiarios sólo van a percibir parte de la compensación porque en este periodo han encontrado otros ingresos.
El 'paro' de los políticos
Los diputados que no repitan en el escaño en la nueva legislatura y que no perciban ningún otro sueldo público pueden pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.
Ese 'paro' será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 2.972,94 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.