La Fiscalía quiere procesar como "organización criminal" a TV3 y el Govern
Cree que la cúpula de la televisión y la radio autonómica, cargos del gobierno catalán y Diplocat actuaron de forma concertada para "conseguir por vías delictivas la secesión" de Cataluña.
Vicent Sanchís entrevistando a Carles Puigdemont en TV3
Actuaban como una estructura absolutamente coordinada con vistas al referéndum ilegal y deben ser procesados por ello. Así, la Fiscalía de Barcelona ha solicitado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, que procese también por organización criminal a 28 de los investigados, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y a excargos del Diplocat.
Según un demoledor recurso de reforma al auto de procesamiento presentado ante el Juzgado, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide procesar por organización criminal a altos y exaltos cargos como Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Albert Royo, Amadeu Altafaj y Natàlia Garriga, entre otros. La Fiscalía considera que una organización criminal es "cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas".
Incluye a estas 28 personas como las que "de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña" mediante aportación individual y jerarquizada. El 9 de abril, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont -algunos siguen en la Generalitat-.
La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer.
La juez fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.