La lección aprendida por Marchena del día que un diputado humilló al Supremo
Mucho se está hablando de la cita histórica del Congreso este próximo martes con los presos del 1-0 que son diputados. Pero hay un precedente que estos días se mira con lupa.
Junqueras, Romeva, Jordi Sánchez: presos y diputados, ¿lobos o corderos?
En la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados, y en la Plaza de la Villa de París, cuartel general del Tribunal Supremo, se viven días y horas de tensión.
Magistrados, letrados, servicios jurídicos del Parlamento se estrujan el cerebro para diseñar un operativo con pocos precedentes: la acreditación y toma de posesión de sus actas de diputados de algunos de los presos del 1-O juzgados por el Alto Tribunal.
Tomada la primera decisión por el tribunal que preside Manuel Marchena de permitir su asistencia al pleno, se analizan ahora los detalles de la llegada de Junqueras y compañía a las Cortes.
Quién y cómo -uniformados o de paisano- los escoltará dentro del Parlamento o cuando estarán esposados y cuando no. Una anomalía democrática que, no obstante, tiene un precedente que ha dejado huella en el Tribunal Supremo. De esas, además, que no se olvidan.
La historia la rememora este jueves el diario El Correo y se remonta al año 1989. Sus protagonistas: Herri Batasuna y su dirigente Ángel Alcalde. Alcalde, miembro de ETA, estaba encarcelado a la espera de juicio acusado de señalar objetivos a los terroristas. HB lo puso en sus listas al Congreso pero no salió elegido en primera instancia.
El diputado de Herri Batasuna, Ángel Alcalde, en 1989 prometiendo su cargo de parlamentario en el Congreso.
Sin embargo, el atentado que acabó con la vida de Josu Muguruza -a manos de un grupúsculo de la extrema derecha- le convirtió en parlamentario electo. Una patata caliente para el Supremo de entonces.
Los magistrados, tras analizar los pros y contras, decidieron dejarle en libertad para que asistiera a la sesión constitiva de la legislatura. Lo mismo que ocurrirá este próximo martes. Alcalde llegó al Congreso de la mano del histórico Jon Idígoras. Acató la Constitución por "imperativo legal". Entonces, ya aforado, el Supremo solicitó al Congreso su suplicatorio para poder juzgarle.
Cuando la Policía fue a detenerle a su domicilio, Alcalde se había fugado a Bélgica. Reapareció una semana después en Bruselas y dio allí una rueda de prensa para bochorno de toda España. A buen seguro, estos días, el juez Marchena ha leído la historia en los archivos del Supremo.