Pánico en el independentismo: la fiscalía pedirá las penas más duras para todos

Ni las presiones políticas ni la aparente complicidad del Gobierno variarán la hoja de ruta del Tribunal Supremo en el juicio a los nueve cabecillas del golpe institucional en Cataluña, que se adentra en unos días decisivos con una certeza cada vez mayor: habrá una sentencia contundente e histórica.

Un dato apunta en esa dirección de manera nítida: la Fiscalía, en contra del criterio del Ejecutivo plasmado en su decisión del pasado noviembre de retirar al Abogado del Estado presente en el proceso, mantendrá la acusación de rebelión contra Oriol Junqueras y compañía, poniendo fin a la hipótesis de que los nueve encausados solo responderían por sedición o malversación.

La sedición no es baladí y también comporta altas penas, pero el matiz encierra una victoria política al reducir, de algún modo, la carga penal de saltarse la Constitución en pos de una independencia unilateral. Y eso no va a pasar, con un dato añadido de enorme relevancia que fuentes jurídicas confirman a ESdiario.

Y es que, lejos de haber distancia entre los cuatro fiscales del caso y los magistrados que emitirán su fallo, previsiblemente a finales de verano o principios de otoño, "la sintonía es absoluta, son una piña, cada uno en su función, pero muy arropados los unos en los otros", explican.

Las mismas fuentes explican a este periódico que, salvo absolución improbable, las eventuales sentencias incluirían una clave de hondas consecuencias políticas en las que pocos reparan: "Ni aunque pidieran y se les concediera el indulto, que hay que ver eso, podrían volver fácilmente a la política. Una cosa sería quitar la pena de cárcel y otra la inhabilitación para cargo público, que no se levanta", apuntan.

Las posibles condenas

En sus escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre la Fiscalía del Supremo solicitó ya de forma inicial imponer al exvicepresident de Cataluña y hoy diputado en el Congreso Oriol Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés.

Las siguientes penas más altas que inicialmente solicitaba el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.

Ni con indultos sería fácil levantar una consecuencia letal: la inhabilitación política como cargos públicos

Para cada uno de ellos, los fiscales del 'procés' -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno- pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.

En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta, según recuerda Europa Press.

Las otras penas posibles

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia.

Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.