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Ve la luz por fin lo que Zapatero pactó con Ternera en su negociación y se arma

Se difunden parte de las actas de los acuerdos entre el socialista Eguiguren y el sanguinario pistolero ahora detenido. Algunas cesiones van a poner en aprietos al PSOE.

Zapatero, en la capilla ardiente de Rubalcaba, el "guardián" de los secretos de la negociación con ETA.

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Tal vez algunos pensaban en el PSOE que con la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba con él se iban los secretos inconfesables de la negociación entre el gobierno socialista y la banda terrorista ETA. Pero no. Ahora ven la luz algunos de esos acuerdos, casualmente tras la muerte del exministro del Interior y la detención del negociador de los terroristas, Josu Ternera.

José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la banda la creación de un órgano común para Euskadi y Navarra, la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a De Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión.

Así consta en las actas de la banda a las que ha tenido acceso Europa Press después de que fuera levantado, por parte de la Audiencia Nacional, el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda terrorista ETA.

Esta documentación le fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña 'Thierry', tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Ahí se relata desde el primer encuentro mantenido por Josu Ternera y Jesús Eguiguren, junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la T-4. Las actas incluyen las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra.

Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007, unos meses después del atentado de la T-4 -30 de diciembre de 2006- que costó la vida a dos personas, el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para Euskadi y Navarra.

Lo hizo en la ronda de contactos que se celebraron esos días en los que se establecieron dos mesas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno y ETA y en las que participaron: 2 miembros de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; 2 del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega.

Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política -de PSOE y la izquierda abertzale- la petición de un Estatuto de Autonomía para las "cuatro provincias", lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer el derecho de autodeterminación y un referéndum para decidir sobre un estatuto 'a cuatro'.

Los representantes socialistas lo rechazaron pero a cambio, pusieron sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que fue pactado a finales de 2006 -tras dos años de negociaciones secretas- entre el PNV, Batasuna y el PSE. En el apartado 4 de ese acuerdo, los firmantes se comprometieron a "promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos (País Vasco y Navarra)".

Según las actas de Thierry, en el primer encuentro de esa fase, el 22 de junio de 2006 -las actas apuntan a la presencia de Javier Moscoso-, el Gobierno anunció que estaban trabajando para que Batasuna fuera legal en septiembre-octubre de ese mismo año y comunicó a la banda que habían pedido a la Guardia Civil, a la Policía y a la Policía francesa que no hicieran detenciones.

"Ha sido muy difícil hacerlo", admitieron tras reconocer que la Guardia Civil "solo obedece al Duque de Ahumada". Justificaron también la labor de los jueces alegando que son "instrumento del PP".

Sin embargo, afirmaron que la Fiscalía había tenido una "actuación positiva" salvo en una ocasión y recordaron que el Gobierno había cambiado al Fiscal General -nombró a Cándido Conde-Pumpido-.

Los enviados del Gobierno admitieron también que habían sido un "accidente grave" las detenciones del Faisán -bar en el que había una base de extorsión de ETA y cuyas detenciones dieron lugar a una investigación por un chivatazo policial a la citada red- y reconocieron que el ministro, en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que además, desde el Gobierno, estaban diciendo que no les constaba que la banda estuviera pidiendo dinero.

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