La Fiscalía deja en evidencia a Sánchez en sus conclusiones contra Junqueras

El juicio del procés en el Tribunal Supremo ha entrado en su recta final y se perfila ya su desenlace. Tras meses de escuchar a los acusados, primero; y a los testigos de las partes, después; llega la hora de las conclusiones. Del escenario que los fiscales, la abogada de Estado, la acusación popular de Vox y las defensas presentarán al tribunal que preside Manuel Marchena.

La parte esencial de la acusación, la Fiscalía General, ha descubierto este miércoles sus cartas al esbozar sus conclusiones. Un mazazo para Oriol Junqueras y un rapapolvo encubierto al Gobierno, que promovió la rebaja de la acusación de rebelión a sedición, en el único lugar donde podía maniobrar, en la Abogacía del Estado, que depende de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Pero los fiscales del juicio, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, lo tienen muy claro. Lo del 1-O y los días anteriores fue una rebelión al Estado en toda regla. No cabe descafeinar la pena.

Y así, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 25 años de condena de cárcel por rebelión y malversación para Junqueras como máximo dirigente del procés -al margen del fugado Puigdemont- y mantiene igualmente su petición inicial de pena para los otros ocho procesados por el primero de estos delitos.

Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart.

Para cada uno de ellos, los fiscales pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.

En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia.

Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.

El fiscal Javier Zaragoza lo tiene muy claro y deja en evidencia las maniobras del Gobierno en la Abogacía del Estado: fue rebelión, no sedición.

Por su parte, y en contraposición, la Abogacía del Estado también mantiene su petición edulcorada de 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.

Vox ha retirado su petición de pena de organización criminal malversación para el exconsejero de Empresa Santiago Vila y lo deja en desobediencia, que no conlleva pena de cárcel. A partir de ahora la suerte está echada. Y el destino de los acusados en manos de los jueces justos que lidera Manuel Marchena.