El embajador de España en Suiza destapa el gol que Puigdemont ha colado a la ONU
Exteriores descubre a dos colaboradores del abogado del expresidente fugado en el grupo de expertos que exige a España que libere a los presos golpistas.
Puigdemont y Comín, frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
El embajador de España en Ginebra alza la voz y protesta ante la ONU por los "errores" y "distorsiones" que contiene el informe realizado por parte de uno de los grupos de trabajo de esa organización, en el que se tilda de "arbitraria" la prisión de tres políticos presos del procés.
Así lo ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por la cuestión, un trabajo del grupo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. El embajador ha presentado lo que se denominan notas verbales, una para solicitar la revisión de esa "opinión" porque incluye "errores y distorsiones" y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses.
Con respecto a la primera, el Gobierno cree que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial.
Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia.
Por otro lado, España protesta porque dos de los cinco miembros del grupo de expertos han tenido "estrechas relaciones" con uno de los letrados de los políticos independentistas, Ben Emmerson, letrado de Carles Puigdemont y los presos ante la ONU. El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson "hubiera exigido su abstención", según el Gobierno.
El embajador ha presentado otra nota verbal en la que protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.
