Robles se encarga de colocar el último clavo en el ataúd de La Manada
Una esperada decisión del Ministerio de Defensa sobre uno de los integrantes de la repudiada cuadrilla pone la puntilla definitiva al contundente castigo judicial y social.
Antonio Manuel Guerrero, el primero por la izquierda, ha perdido su condición de guardia civil y militar
Solo faltaba un clavo para cerrar el ataúd para consumar la muerte social de los miembros de La Manada y ha sido el Ministerio de Defensa que aún comanda en funciones Margarita Robles el encargado de ponerlo. Y es que uno de de los condenados, Antonio Manuel Guerrero, ha perdido desde el 21 junio la condición de guardia civil y militar, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
Según el documento oficial, Guerrero perdió la condición de guardia civil y militar hace casi dos semanas, en virtud del auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que traspone el fallo en firme del Tribunal Supremo. Si bien, los efectos económicos de la expulsión serán a partir de la publicación de este anuncio, es decir, este jueves.
El pasado 11 de enero, el Boletín Oficial de Defensa ya publicó la suspensión de funciones del guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero. La resolución decretaba que este integrante de 'La Manada' pasó a la situación de suspensión de funciones con fecha del 10 de diciembre de 2018, cuando le fue notificada una decisión adoptada cinco días antes.
En la misma situación se encontraba el integrante de 'La Manada' que era militar, Alfonso Jesús Cabezuelo, hasta que el pasado mes de octubre fue expulsado de las Fuerzas Armadas en virtud de la Ley de Tropa y Marinería.
Entonces la Guardia Civil no podía actuar de la misma manera con Guerrero hasta no existir sentencia firme, ya que los agentes de la Benemérita no están sujetos al mismo régimen disciplinario que los militares.
El Supremo revocó la sentencia de 'La Manada' y elevó las condenas para los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. En el caso de Guerrero, el tribunal le condenó a dos años más de cárcel, un total de 17, como responsable del delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la víctima.