El abogado de los Franco saca a la luz en el Supremo la trampa urdida por Calvo

Ha sido tanto el bochorno de los últimos meses con el fiasco de la que fue su gran promesa en su discurso en la moción de censura, que el dosier Franco ha pasado de puntillas en las intervenciones de Pedro Sánchez en su discurso de investidura de este lunes.

La exhumación no se ha cumplido, los reales decretos de La Moncloa permanecen encallados en el Tribunal Supremo y los abogados de la familia del dictador se siguen anotando victorias en los juzgados.

Los nietos de Francisco Franco han asegurado que la decisión "precipitada" del Gobierno socialista de exhumar al dictador encaja en una voluntad "electoralista" sin justificación, por lo que consideran que el Tribunal Supremo debe impedir su intención de sacar los restos mortales del Valle de los Caídos.

Así se manifiesta en el escrito de conclusiones que la defensa de los familiares del dictador ha remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según afirma este documento, el real decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez en el que autoriza la exhumación del cadáver de Franco no concreta la "urgencia" con la que se justifica el uso de este "instrumento excepcional".

Al contrario, la "premura" se motiva en "motivos estrictamente ideológicos y electoralista" surgidos tras la moción de censura al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en junio de 2018, que facilitó la entrada de Sánchez en La Moncloa, dice el escrito de conclusiones firmado por el abogado Luis Felipe Utrera Molina.

"Sería irresponsable cerrar los ojos a la realidad y a nadie se le escapa que la única urgencia que concurre en este caso vino determinada por el simple deseo o capricho del gobierno presidido por don Pedro Sánchez", afirma.

En este sentido, la defensa de los nietos de Franco acude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para advertir de la inconstitucionalidad de los acuerdos del gobierno socialista. A su entender, el Ejecutivo ha hecho un "intolerable ejercicio abusivo y arbitrario" de la figura del real decreto ley, ya que se ha utilizado con un carácter "pura y estrictamente ideológica", algo censurado por el tribunal de garantías.

Asimismo, Utrera Molina afea en sus conclusiones que Sánchez prometiese en el Congreso de los Diputados dicha exhumación de manera "inmediata" olvidando que el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica establece que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Por tanto, señala, que el Ejecutivo obvió que su decisión también implicaría a la exhumación "al menos de 192 personas más", entre ellos a 20 monjes benedictinos fallecidos entre 1963 y 2018. Ello le hace concluir que lo que "parece evidente" es que el presidente del Gobierno hacía tal anuncio sin saber "aún cómo lo haría", porque lo importante era "su impacto mediático".

Añaden que, de igual manera, si no se acepta inhumar en el lugar elegido por ellos, se estaría ante "una limitación absolutamente desproporcionada" del derecho fundamental de enterrar a su familiar de acuerdo con sus propias convicciones y en un lugar del que disponen "título funerario válido".

Con el traslado de conclusiones de cada una de las partes presentes en este procedimiento, los recursos contra la exhumación de Franco queda visto para sentencia, que se podría conocer este otoño, según apuntan fuentes jurídicas.