La decisión que se avecina sobre Marchena que aplaudirá Junqueras y Marchena
El rigurosos y elogiado presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo cumple cinco años en el cargo. Y, como es preceptivo, el Poder Judicial saca la vacante a concurso.
El juez Marchena, durante el juicio del procés.
El tiempo del juez Manuel Marchena en su puesto de presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se agota.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado las bases que regirán la convocatoria y el proceso selectivo para la provisión de 16 cargos judiciales, entre ellas las correspondientes a la presidencia de esa Sala Segunda, cuyo actual titular, Manuel Marchena, cumplirá el próximo mes de octubre los cinco años de mandato.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado, el Pleno también ha aprobado las bases de convocatoria para otras tres plazas del alto tribunal: una de magistrado en la Sala de lo Penal, correspondiente al turno general; una de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, asimismo del turno general; y una en la Sala de los Social, del turno de juristas.
Estas tres plazas quedarán vacantes por la jubilación de los magistrados Alberto Jorge Barreiro (Penal), Juan Carlos Trillo (Contencioso-Administrativo) y Miguel Ángel Luelmo (Social).
El resto de las bases de convocatoria aprobadas corresponden a las presidencias de cinco Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) -Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias y Navarra-; de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia; de las Salas de lo Social de los TSJ de Galicia y de Cataluña; y de cuatro Audiencias Provinciales: las de Vizcaya, Pontevedra, Segovia y Tarragona.
El CGPJ subraya que con la aprobación de las bases de convocatoria cumple con lo dispuesto por la reforma del artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la provisión de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos, es decir, de las presidencias de órganos judiciales.
Dicho artículo establece que se realizará "una convocatoria abierta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto".