El plan de Vox contra los "mangoneos" en la Justicia que no gustará a Monedero
El ideólogo de los morados lo dejó hace tiempo escrito: la necesidad de ascender a los jueces afines a Podemos y a la izquierda. Abascal quiere poner coto así a tal tentación.
Santiago Abascal, en el registro del Congreso de los Diputados.
Lo dijo en 2016 así de claro Juan Carlos Monedero. "Os digo algo: en nuestras filas van muchos jueces porque están esperando un Gobierno que les de la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos. Es lo que está esperando buena parte de la judicatura". Y tras fusilar a Montesquieu, el gran ideólogo de Podemos se quedó tan ancho.
Para evitar tentaciones similares en el futuro y atajar la tradicional querencia del PSOE por controlar el Poder Judicial, Vox tiene un plan. Su secretario general, Javier Ortega Smith, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno en la que se plantea una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y evitar así la "injerencia de los partidos políticos".
El número dos de Santiago Abascal se interesa por el modo en el que se designan los miembros del órgano de gobierno de los jueces porque a su juicio, el hecho de que sean elegidos por las Cámaras, "corrompe la independencia del Poder Judicial".
Por ello, pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez si tiene intención de plantear alguna iniciativa legislativa oportuna, en especial la reforma de la LOPJ, "para adaptar la misma a la literalidad de lo establecido en el artículo 122 de la Constitución, de tal forma que la elección de sus miembros no esté sometida, como en la actualidad, a la injerencia de los partidos políticos".
En diciembre del año pasado se aprobó la reforma de dicha ley, con la que se devuelve la dedicación exclusiva a los 20 vocales del CGPJ, que aún no ha podido hacerse efectivo debido a que se encuentra en funciones.E
El también portavoz de Vox en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados señala en el escrito que España que la tasa de ejecución de sentencias es menor al 40 por ciento anual, "muy por debajo de la media europea". A su entender, esto genera una "gran desconfianza en el Poder Judicial", ya que el ciudadano tiene que esperar "una media de 600 días para conseguir hacer valer su derecho".
Por ello, Ortega Smith quiere saber qué medidas tiene previstas implantar el Gobierno para garantizar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española "y reducir los tiempos de ejecución de las sentencias".
En este sentido, pregunta si además tiene contemplado "la creación de más órganos de ejecución especializados que reviertan esta situación inconstitucional e injusta" o piensa "reformar los procedimientos judiciales para facilitar la ejecución de las resoluciones dictadas por los Tribunales".
