Los policías vuelven a retratar a Marlaska por rácano con los chalecos antibala
El Ministerio del Interior no deja de dar sorpresas desagradables a los agentes de la Policía y la Guardia Civil. Regatea su equiparación salarial y escatima la inversión en seguridad.
El ministro Marlaska, en un acto con policías nacionales.
Otro flanco que se le abre al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con los policías y guardias civiles, a los que tiene en pie de guerra. Tras regatear su equiparación salarial, ahora, escatima la partida para los chalecos antibalas.
El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que el expediente de compra de 5.200 chalecos antibalas que la Dirección General de Policía inició en 2018 y que fue suspendido el pasado mayo ha sido sustituido por otro expediente con 3.860 unidades, una cifra que creen "muy reducida" para las necesidades policiales.
La organización sindical denunció el pasado 28 de mayo que la DGP había suspendido un expediente de compra de 5.200 chalecos antibalas que inició en 2018 por "problemas administrativos", y que aquella medida dejaba a los policías en formación desprovistos de protección.
Ahora, Interior ha sustituido este expediente por otro "a instancias del sindicato", pero el volumen total de chalecos solicitados "finalmente ha sido de tan solo 3.860 unidades", ha asegurado la organización en nota de prensa.
El SUP ha asegurado que la dirección de la Policía achaca esta reducción al aumento del coste por unidad de los chalecos una vez incorporadas las prestaciones de seguridad anticuchillo y antipunzón que el propio sindicato solicitó.
Sin embargo, para los agentes sindicados, la necesidad de estas protecciones "ha quedado constatada" a la luz, por ejemplo, de los hechos protagonizados este verano por una agente en prácticas que portaba un chaleco pagado por ella y que le salvó la vida frente a un ataque con arma blanca.
La falta de chalecos antibalas afecta a plantillas policiales en toda España, pero especialmente en Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cantabria, Extremadura y Madrid, según asegura el SUP con datos proporcionados por la DGP. Los agentes sindicatos consideran este déficit un "desprecio" a la normativa que regula la prevención de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía.