El Gobierno repara ahora en las embajadas fake de Torra son “inconstitucionales"

Finalmente, el Ejecutivo Central presidido por Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que el plan de extensión de embajadas catalanas impulsada por el gobierno del independentista Quim Torra es inconstitucional.Y ello pese que, desde hace meses, la oposición, fundamentalmente PP y Ciudadanos, lleva viene denunciando lo que, a todas luces, es ilegal y supone todo un reto, un desafío más del independentismo, al Estado español y a su ordenamiento jurídico.

El mes pasado, el Goven anunció un plan de Exteriores que incluye la apertura de delegaciones por todo el mundo, mientras el 'canciller' Bosch iniciaba un 'tour' por México, Estados Unidos y Marruecos. De esta manera, los independentistas querían resarcirse del cierre de las embajadas que ya existían antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución -tras el intento de golpe de Estado del 1 de octubre de 2017- y elevar la tensión con el resto de España.

En el Gobierno de Sánchez, el único que elevó algo la voz ante los planes de Torra fue el ministro de Exteriores, Josep Borrell, cuyo departamento solicitó a la Justicia que pusiera fin a la “farsa” de las embajadas. Así, la Abogacía del Estado, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que paralizase la actividad de las embajadas fake de Alemania, Reino Unido, Suiza e Irlanda.

Primer paso del Gobierno Central contra las embajadas

Este viernes, la acción del Gobierno en funciones contra las embajadas de Torra ha ido a mayores. La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, anunciado que el Consejo de Ministros ha acordado dar el primer paso para recurrir el Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña por entender que excede las competencias de las autonomías en esta materia e incumple por tanto la Constitución. "Ofrece una proyección de Cataluña como Estado".

En concreto, el Gobierno va a presentar un requerimiento de incompetencia, un paso por el que el Ejecutivo reclama a la Generalitat que derogue o retire la iniciativa. Si en un mes el Govern independentista de Quim Torra no rectifica, el Gobierno de la Nación podrá presentar conflicto ante el Tribunal Constitucional.

El Gabinete de Pedro Sánchez tenía dos meses para dar este paso y ha tomado la decisión al filo del plazo, ya que el Plan fue aprobado por la Generalitat el pasado 25 de junio.

Según Celaá, la Generalitat ofrece en esa estrategia de acción exterior la idea de que Cataluña no es una comunidad autónoma española sino un Estado y "obvia" las competencias estatales en esta materia, reservada en exclusiva al Ejecutivo central por la Constitución.

La portavoz ha asegurado que el propio Tribunal Constitucional ha subrayado ya que la política exterior de las autonomías "debe respetar el ejercicio y la dirección que posee el Estado de esta política", pero que la Generalitat de Cataluña no menciona en su Plan ni la Constitución, ni la Ley de Acción Exterior ni hace referencia a la política exterior española.