El varapalo a Sánchez que se "cuece" en el Supremo con los restos de Franco
El día 24, venticuatro horas después de que el enigma electoral se despeje, los magistrados harán pública su decisión sobre la exhumación. Pero ya llegan las malas noticias a La Moncloa
La Moncloa sigue encallada en el Supremo con el 'dosier Franco'.
La cuenta atrás sobre la exhumación de los restos de Franco sigue inexorable hacia el día 24, fecha de la resolución final sobre una promesa electoral de Pedro Sánchez que permanece encallada en un caos que ha gestionado la vicepresidenta, Carmen Calvo. Pero, las primeras malas noticias comienzan a llegar al Palacio de La Moncloa.
Las deliberaciones en el Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos del Valle de los Caídos han encontrado un escollo en la oposición, por parte de la familia del dictador, a que el entierro de los restos se realice en el cemenerio de El Pardo-Mingorrubio, según han señalado este viernes fuentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.
Así, uno de los aspectos más complejos que tienen sobre la mesa los seis magistrados que tienen que resolver este asunto el próximo día 24 tiene que ver con la posible vulneración del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos de Franco, para los que esta parte ofreció la cripta de la Catedral de la Almudena.
Desde el Gobierno se rechazó dicha posibilidad en una nueva muestra de la imprevisión y la improvisación que han marcado la gestión de Calvo en este asunto.
La negativa de la familia a la exhumación y posterior entierro de los restos en Mingorrubio aparece en la demanda y salvo que se superen las diferencias de criterio ello que puede llevar a que la resolución que finalmente se adopte acabe no siendo unánime.
El tribunal está presidido por Jorge Rodríguez Zapata y lo integran también los magistados Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. El ponente de la resolución será éste último.
El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan".
En este asunto están personados, además de la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.
En sus alegaciones sobre el fondo, la familia Franco calificaba de "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y denunciaba que encajaba en una voluntad "electoralista" sin justificación.
Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia del dictador, por lo que deben cumplirse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.