El despilfarro electoral: más de 500 millones gastados en cuatro años
El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que solicitar una ampliación de crédito para costear los cerca de 140 millones de euros que costará las elecciones del 10-N, las cuartas desde 2015.
Pedro Sánchez, votando junto a su mujer, Begoña Gómez
La repetición de las elecciones desde 2015 hasta el próximo 10 de noviembre está creando un verdadero agujero en las cuentas públicas. Solo para poder sufragar la cita de las urnas de dentro de mes y medio, el Gobierno de Pedro Sánchez va a verse obligado a sacar adelante una ampliación de crédito con un montante de casi 140 millones de euros. Y con ellos, se habrán gastado en total 540 millones de euros en las cuatro elecciones generales celebradas en los últimos cuatro años.
El presupuesto inicial del 10-N es el mismo que el de las generales de abril, 138.961.516,72 euros, según ha confirmado en el Ministerio del Interior, el encargado de la organización. Con ello se costea desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia o la propaganda, hasta la impresión de papeletas y sobres o el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Al margen de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para los gastos electorales, que no se incluyen en este presupuesto. El Gobierno deberá aprobar también un decreto fijando las cantidades.
Sólo el trabajo de Correos supone el 40,6% del presupuesto total, el capítulo más caro, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.
Otro 14,5% del gasto presupuestado (20 millones) se lo lleva lo que se denomina administración electoral. Recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.
El recuento de votos y la comunicación de los resultados
También es importante el coste de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, del que se encarga una empresa. Para elegirla tendrá que convocarse de nuevo un concurso, que en las pasadas elecciones generales ganó Indra, por 7,44 millones de euros, por debajo de los 10 millones que como máximo preveía gastar el Ejecutivo.
La empresa elegida se encarga de distribuir la información del recuento, pero también dará apoyo informático a las Juntas Electorales e integrará los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.
El presupuesto del gasto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (13,1 millones).
También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones de euros).
