Los Franco airean dos escollos a la exhumación que frenarán las prisas de Calvo
El abogado de la familia anuncia recurso al TC y recuerda que un juez de Madrid mantiene paralizada la licencia para la exhumación de los restos, que tendría que esperar.
Los abogados de la familia Franco mueven ficha y bajan la euforia del PSOE y del Gobierno, que ha visto en la decisión del Tribunal Supremo un argumento más de la campaña del 10-N.
La defensa de los nietos de Franco ha afirmado que no cree que los restos del dictador sean trasladados de Cuelgamuros al cementerio de El Pardo-Mingorrubio en un plazo corto de tiempo. Por su parte, ha asegurado que en el recurso incluirá la petición de que se adopte la medida cautelar de suspender la ejecución de la sentencia hasta que los magistrados del Tribunal Constitucional valoren el fondo del asunto.
Además, el abogado ha apuntado que el Gobierno cuenta con otros dos "escollos" para llevar a cabo la exhumación, ya que aún está vigente la suspensión del juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, de la licencia de obra para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura de Franco.
También ha recordado que el Ejecutivo necesita la autorización del prior de la comunidad Benedictina, "cuya postura ha sido en todo momento muy firme" sobre que sin el permiso de la familia "él no iba a conceder la autorización para exhumar". Aún así, ha precisado que hay que esperar a conocer la sentencia del Tribunal Supremo para ver si se pronuncia sobre estos aspectos.
De momento, la familia de Franco pedirá al Tribunal Constitucional paralizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo al entender que se ha vulnerado el derecho "a decidir el destino de los restos" de su abuelo.
Pero el Gobierno está firmemente convencido de que nada ni nadie podrá paralizar ya la exhumación, una vez que el Tribunal Supremo ha avalado "en sentencia firme y directamente ejecutable" el procedimiento iniciado hace más de un año.
Así lo asegura a Europa Press un alto cargo del Ejecutivo directamente implicado en el procedimiento, que descarta que la suspensión cautelar decidida en febrero pasado por el juez de lo Contencioso Administrativo de Madrid José Yusty sobre el informe del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizó el proyecto de las obras de exhumación pueda obstaculizar los trabajos.