El otro juez del "caso Franco" no se rinde y cita a la familia y al Gobierno
El magistrado de Madrid, José Yusty, lanza su última diligencia tras la sentencia del Supremo con una última petición a los herederos del dictador y la Abogacía del Estado.
Puede que este sea el último coletazo de la exhumación de Franco. Un mero trámite, previsiblemente. El juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, tendrá que pronunciarse sobre la pérdida sobrevenida del objeto de la causa por la que mantiene paralizada la licencia de obras para el levantamiento de la losa de la sepultura de Francisco Franco tras dictaminar el Tribunal Supremo que los trabajos no requieren de licencia.
Fuentes jurídicas han explicado este martes que el procedimiento judicial sigue "vivo", por lo que el magistrado deberá adoptar una decisión sobre la cuestión planteada por el Alto Tribunal al dictaminar que el levantamiento de la lápida no requiere de una licencia al tratarse de una obra menor.
Antes de que se produzca cualquier actuación en el Valle de los Caídos, el procedimiento Contencioso-Administrativo "debe decaer", según las mismas fuentes.
Por ello, Yusty tendrá que aportar a la causa la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos mortales del dictador para dar traslado de la misma a las partes, que según la ley tendrán un plazo de diez días para pronunciarse.
De este modo, preguntará a la familia Franco y a la Abogacía del Estado su posición respecto a si consideran que el objeto de la causa ha decaído.
Si las partes están a favor de la pérdida sobrevenida de la causa, se procederá al archivo mediante una resolución motivada. En caso contrario, habrá otra resolución justificada y el procedimiento seguirá su curso con la vista para decidir si se mantienen o no las medidas cautelares.
El pasado febrero, Yusty aceptó las medidas cautelarísimas dirigidas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a la licencia para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos mortales.
La impugnación iba dirigida contra el informe de noviembre de 2018 por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado de pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar y la exhumación de los restos mortales.