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El escándalo salpica a Marlaska: el fiscal investiga las filtraciones de los CDR

Sería paradójico que el ministro, que fue víctima del chivatazo del Faisán como juez, se viera ahora envuelto en un lío similar con la "operación Judas" de la Guardia Civil en entredicho.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su escaño en el Congreso.

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Estupor en la Audiencia Nacional, lío en el Ministerio de Interior y un escándalo que salpica al ministro Fernando Grande-Marlaska, víctima en su día de una marejada similar con el caso Faisán.

El escenario es de tal gravedad, que la Fiscalía de la Audiencia ha instado este viernes a que un juzgado de Madrid investigue una presunta revelación de secretos por la filtración a la prensa del contenido de los autos de prisión dictados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en relación con los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que se investigan por delitos de terrorismo.

Así ha informado la Fiscalía al magistrado García Castellón, después de que las defensas de los siete miembros de los CDR en prisión provisional por terrorismo le solicitaran que abra una pieza separada para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de las partes secretas de la causa, además de la adopción de medidas cautelares para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Asimismo, piden al magistrado que requiera a los medios de comunicación que retiren los enlaces correspondientes a las información que están bajo secreto, ya que afectan a la "intimidad y seguridad" de los detenidos, según han informado fuentes jurídicas.

El Ministerio Público comparte que las filtraciones pueden suponer la posible comisión de un delito de revelación de secretos, pero descarta que ello sea incluido en la causa principal, ya que entiende que la competencia para investigarlo no es de la Audiencia Nacional. Por ello, pide que el caso se traslade a los Juzgados ordinarios de Madrid para aclarar si ha existido ese delito y encontrar a los responsables.

Desde que los miembros de los CDR fueron detenidos el 23 de septiembre, se han ido conociendo poco a poco datos de la investigación y de los indicios que la Guardia Civil ha recabado a través de los medios de comunicación, pero no por cauces oficiales, ya que la causa está bajo secreto de sumario. En los últimos días, además, se han conocido los autos de prisión de los imputados, documentos que también son secretos.

Las defensas no han ocultado desde el principio su sorpresa e indignación por estas publicaciones, ya que ellos sólo tuvieron acceso a unos autos 'capados' en los que no se aportaba ningún detalle concreto de la investigación y en el que sólo se exponían fundamentos jurídicos que justifican la medida de prisión provisional, como es el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.

En los autos que están bajo secreto de sumario se concreta que los investigados celebraron una "reunión secreta in itinere" el 15 de septiembre de 2018 con la hermana del expresidente de la Generalitat huido Carles Puigdemont que tenía como objetivo de "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre éste y el actual president, Quim Torra.

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