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La doble vara judicial con PSOE y PP vuelve en auxilio de Sánchez y su campaña

El juez instructor de Púnica ha mantenido las declaraciones de Cifuentes, González y Aguirre pese al 10-N. En cambio la sentencia de los EREs, clave para el PSOE, se retrasa hasta después.

Cristina Cifuentes a su llegada a la Audiencia Nacional.

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La declaración de Cristina Cifuentes como imputada en la trama Púnica irrumpió este miércoles con estruendo en la precampaña electoral, en plena remontada de Pablo Casado. Como lo harán también las de Ignacio González y Esperanza Aguirre el jueves y viernes de la próxima semana (17 y 18 de octubre), aún más cerca de las elecciones.

Es más. Aunque el testimonio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la Audiencia Nacional debía ser a puerta cerrada al encontrarse la causa aún en fase de instrucción (y por tanto estaba restringido a las partes), los periodistas pudieron escuchar íntegramente los 50 minutos iniciales de su declaración desde la abarrotada sala de prensa.

Según la Audiencia Nacional, el percance fue debido a una "desconfiguración técnica" que ni siquiera después de más de tres cuartos de hora fueron capaces de subsanar. Sino que el magistrado trasladó a Cifuentes a otra sala para seguir con el interrogatorio, entonces ya sí en privado.

Lo llamativo es que la decisión del juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de no posponer las declaraciones de los tres expresidentes madrileños hasta después del 10 de noviembre para no interferir en el proceso electoral coincide con otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de signo totalmente contrario.

La sentencia de los ERES no se conocerá antes de las elecciones. Sobra recordar la importancia de Andalucía para el PSOE

Allí, todo apunta a que el veredicto del juicio de los EREs, que quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre (hace casi diez meses ya), no se conocerá en ningún caso antes de las elecciones generales. Con el consiguiente alivio para los socialistas. No en vano, el juicio sentó en el banquillo a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 19 exaltos cargos.

En principio se habló de que la sentencia podría estar lista en verano. Después se dijo que a lo largo de octubre. Y este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explicaban a ESdiario que los tres magistrados "están trabajando en la redacción" y que lo único seguro es que el fallo estará listo antes de fin de año.

En concreto se trata del ponente del tribunal, el juez Juan Antonio Calle Peña, y de las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

Hablamos de un caso en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y, para Chaves, 10 años de inhabilitación. Y que puede dar la puntilla al PSOE de Andalucía después de haber sido desalojado del poder. Por contra, Cifuentes está acusada de haber participado en la adjudicación arbitraria de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, propiedad del que fuera presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Sobra recordar la importancia que Andalucía ha tenido y tiene para las victorias del PSOE en las elecciones generales. Ya fuera con Felipe González, con José Luis Rodríguez Zapatero o, en último término, con Sánchez.

El 28 de abril, el PSOE dobló en votos al PP en Andalucía y consiguió 24 de los 61 escaños en juego en la Comunidad. No es de extrañar que este martes el presidente en funciones y candidato socialista hiciera un guiño al electorado andaluz al comprometerse a reducir las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Así pues, la diferencia entre uno y otro caso salta a la vista. Cuando la repetición electoral empezó a tomar forma, en los mentideros judiciales empezó a especularse con la posibilidad de que el juez instructor de la trama Púnica retrasara las declaraciones de Cifuentes, González y Aguirre.

Sin embargo, fuentes oficiales de la Audiencia Nacional negaron este miércoles a este diario que aquel runrún saliera de allí. El magistrado García Castellón nunca tuvo de intención de hacer tal cosa.

Es difícil conocer el impacto que puede tener en el electorado madrileño el desfile de tres expresidentes de la Comunidad por la Audiencia Nacional en plena precampaña, en medio de un importante despliegue mediático. Pero lo cierto es que Madrid es pieza clave del tablero electoral de Pablo Casado, que espera ganar tres escaños el 10-N (pasar de 7 a 10) y recuperar la primera posición en una circunscripción que, hasta abril, llevaba 30 años votando mayoritariamente al PP en las generales.

Para evitar que el PSOE se salga con la suya y no se hable de sus presuntas corruptelas en Andalucía, el PP y Cs han impulsado una comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo en el Parlamento andaluz ante la que deberán comparecer Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz; y probablemente antes de las elecciones. El dinero de esa Fundación se usó, supuestamente, para fiestas en prostíbulos, entre otras cosas.