El informe de Borrell que destapa lo que hay detrás de las 12 embajadas de Torra

Josep Borrell mueve ficha a pocas semanas de abandonar el Gobierno para instalarse definitivamente en su despacho en Bruselas de jefe de la Diplomacia europea. Pero deja un trámite para impedir que la Generalitat siga campando a sus anchas en el exterior destapando a qué se dedican las "embajadas" que Quim Torra ha reabierto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido un informe a la Abogacía del Estado en el que afirma que las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior son "herramientas necesarias" para que el Gobierno catalán lleve a cabo su política para la "separación de España".

Estas oficinas, alega, no pretenden la "legítima proyección exterior" de Cataluña, sino "un fin inconstitucional como es la creación de una 'estructura de Estado' al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista".

Así lo señala la Abogacía del Estado en el recurso que ha interpuesto, por cuenta del departamento que dirige Borrell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el que solicita, como medida cautelar, que se impida la apertura de tres nuevas delegaciones de la Generalitat, concretamente las de Argentina, Túnez y México. El Govern nombró este martes a los delegados de esas oficinas.

Exteriores ha recurrido los decretos de creación de estas oficinas, que se aprobaron antes de que el Ministerio emitiera el informe preceptivo y, además, ha pedido medidas cautelares para "evitar perjuicios de difícil o imposible reparación a la imagen de España y a la política exterior española".

De no adoptarse esta medida cautelar, dice el texto, se permitiría que las nuevas oficinas "sigan la ruta ya marcada y exhaustivamente ejecutada" por las actuales delegaciones para la "realización continua de actuaciones contrarias al interés general".

Es la primera vez que este Gobierno pide a los tribunales que paralicen unas embajadas en el mismo momento de su creación. En septiembre de 2018, Exteriores recurrió la apertura de las oficinas que habían sido cerradas en aplicación del artículo 155, pero por motivos formales, y asumió que solo podría actuar contra ellas si sus acciones fueran contrarias a la ley.

En su texto, la Abogacía del Estado argumenta que la creación de las delegaciones no puede analizarse solo desde el punto de vista "formal o literal", sino que debe "encuadrarse en las actuaciones" de la Generalitat en los últimos meses y años.

Estas actuaciones, dice, demuestran que la creación de esta red exterior pretende dotar a la Generalitat de un "sujeto de Derecho Internacional" y que está "subordinada al objetivo secesionista". El Gobierno de Torra ha abierto 12 delegaciones, que se suman a la de Bruselas, que no fue cerrada por la aplicación del artículo 155.

El informe también señala que "desde 2012 la Generalitat se haya en estado de rebeldía institucional, que culminó en los sucesos de 2017" y que "es obvio que no cabe esperar que los actuales dirigentes secesionistas contribuyan a la defensa de los intereses de un Estado al que ya consideran ajeno".

El recurso, de 25 páginas y fechado el 26 de septiembre, incluye declaraciones del propio Torra, en las que deja clara su apuesta por la "internacionalización" del proceso secesionista, y detalla también actuaciones de varios de los delegados que ya están en funciones.

El escrito se apoya en doctrina ya fijada por el Tribunal Constitucional sobre la acción exterior de las Comunidades Autónomas y su constatación de que la política exterior es competencia exclusiva del Estado, por lo que estas no pueden ser sujeto de relaciones internacionales.