Gabinete de crisis en Waterloo: la sentencia acabará con el chollo de los huidos
Los dos abogados del expresident, Gonzaló Boyé y Paul Bekaert, se han puesto a trabajar contrareloj para evitar las euroordenes definitivas. Siete fugados en el punto de mira.
Puigdemont y su exconseller Toni Comín, dos de los fugados a los que se les acaba el chollo.
El tic tac del Tribunal Supremo retumba en un caserón burgués de Wateloo y en dos domicilios de Ginebra, en Suiza.
Mientras el magistrado Manuel Marchena y sus compañeros de tribunal dan los últimos retoques a la sentencia del procés, que determinará el futuro procesal de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Carmen Forcadell, Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull y los Jordis, el equipo de abogados de Carles Puigdemont se afanan en preparar la nueva ofensiva judicial que les llegará desde Madrid en los próximos días.
Hasta ahora, los Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Luis Puig, Meritxell Borrás y Dolors Bassa, amén de Marta Rovira y Anna Gabriel, han vivido a cuerpo de rey, subvencionados por los fondos públicos de la Generalitat y protegidos por la particular visión de la Justicia europea de las autoridades de Bélgica, Escocia y Suiza.
Pero Gonzalo Boyé y Paul Bekaert, los abogados que coordinan la defensa del expresidente fugado y del resto de huidos, sabe que el tiempo se les acaba. La tercera euroorden pesa sobre sus cabezas y podrá hacerse efectiva una vez dicte sentencia el Supremo sobre los procesados que no se dieron a la fuga tras el 1-0.
Este mismo martes, en un acto en Bruselas, Puigdemont dio por hecho que la tercera euroorden llegará en breve. Cabe recordar, que el expresident y sus cuatro consejeros están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Por su parte, Marta Rovira, número dos de ERC, está acusada de los dos primeros tipos delictivos pero no de malversación, ya que ella no formaba parte del Govern que preparó el 1-O.
Puigdemont y Rovira, en una de sus reuniones en Bruselas.
Sobre la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, pesa tan solo una acusación de desobediencia y es la única contra la que no hay dictada una orden de búsqueda internacional, tan solo pesa sobrte ella una orden en suelo español.
Boyé y Bekaert han montado su gabinete de crisis en Waterloo ya que el escenario para sus clientes es bien distinto al de hace un año. Pesará sobre ellos la sentencia del Supremo, y el propio comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que es belga y fue miembro del gobierno, ha mostrado la disposición de su país a analizar una nueva petición de la Justicia española.
El tic tac que suena en la cárcel de Lledoners retumba también en el chalet de Puigdemont.