Los jueces se hartan de los órdagos de Torrent y le bajan los pies a la tierra
El Constitucional le dejan bien clarito, como nunca, que se enfrentará a responsabilidades penales si sigue permitiendo alardes de desobediencia a la Constitución.
El presidente del Parlament, Roger Torrent.
Último aviso para Roger Torrent. Ya sabe que está bordeando el delito y ya tiene la correspondiente advertencia del órgano competente.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado suspender varios puntos de la resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 25 de julio "sobre las propuestas para la Cataluña real", en la que se reafirmaba el compromiso de la cámara parlamentaria con el derecho a la autodeterminación, continuar en el camino de la independencia y se insiste en la reprobación al Rey Felipe VI.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes llevar al tribunal de garantías esta resolución dos meses después por entender que incumple varias sentencias de esta institución.
Asimismo, según explicó en rueda de prensa la ministra portavoz, Isabel Celaá, también se recurrirán las propuestas de resolución aprobadas en el Debate de Política General de la semana pasada, que hacían referencia a la amnistía de los dirigentes encarcelados por impulsar el 1-O y a la petición de salida de la Guardia Civil de Cataluña.
Estas últimas no han podido ser puestas en conocimiento del TC hasta que no fueron publicadas el pasado viernes en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña , ya que es un requisito necesario para el Ejecutivo pueda acudir al TC.
Por el momento, los magistrados han acordado por unanimidad admitir a trámite los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno y han declarado la suspensión de los incisos de los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, "sobre las propuestas para la Cataluña real", mientras resuelven el fondo del asunto.
También han aceptado la petición del Gobierno de advertir a Torrent; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado de "su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
A todos ellos se le notificará personalmente esta resolución sobre el incidente de ejecución, al mismo tiempo que se les hará la misma advertencia sobre la obligación de mantenerse al margen de realizar cualquier actuación en relación a las sentencias del Tribunal Constitucional que el Gobierno considera que han sido desobedecidas.
