La trampa en la sentencia que da una ventaja a Junqueras y a sus socios

Ni rebelión ni organización criminal. Son dos conclusiones de la sentencia del Tribunal Supremo que tienen hondas consecuencias para los condenados y que se verán, tal vez, a corto plazo. No antes del 10N, pero sí tal vez muy poco después de que los ciudadanos pasen por las urnas para las Generales y, pocos meses después, para las Catalanas.

Y es que el fallo ha respondido a muchas incógnitas, y entre ellas una muy relevante que ha pasado de momento desapercibida por el fragor político y judicial pese a tener grandes consecuencias. La cuestión es que la Fiscalía que acusaba por rebelión, había pedido también al Tribunal que fuera imposible acceder al tercer grado hasta que se cumpliera, al menos, la mitad de la condena.

Y la sentencia encabezada por el juez Marchena, en nombre de los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, rechaza frontalmente esa posibilidad. Esto es, deja en manos de la autoridad política la concesión de ese tercer grado que, en la práctica, permite a cualquier preso abandonar la cárcel y volverse a su casa con determinados límites.

"El turrón en casa"

Lo recoge el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite medidas de «flexibilización» de la privación de libertad combinando el segundo y tercer grado. El artículo 117, además, ahonda en esa posibilidad y fue el aplicado a Iñaki Urdangarín hace dos semanas, sin ir más lejos.

¿Y qué tiene de especial? Pues muy claro: las competencias penitenciarias están transferidas a la Generalitat, que obviamente no encontrará demasiadas razones para ser dura con los reos. "A este paso se comen el turrón en casa", lamenta con ironía un jurista bien conocedor de la sentencia.

Fuentes de los sindicatos de Instituciones Penitenciarias han reconocido a ESdiario que el régimen carcelario de los condenados puede ser "muy benévolo" a cortísimo plazo y que, no obstante, han recibido el fallo judicial "con enfado".