La revolución de Ignacio Aguado en Madrid: las tres medidas de Cs en 60 días
Frente al ruido en Cataluña y la parálisis en La Moncloa, en la Puerta del Sol la actividad del Gobierno no cesa para cumplir el programa regenerador comprometido.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
Los gobiernos autonómicos nacidos de las urnas del 26-M siguen trabajando pese a la parálisis en La Moncloa, el bloqueo y la repetición electoral de Pedro Sánchez y el hervidero de Cataluña.
Ejemplo de actividad frenética es el gobierno de la Comunidad de Madrid, nacido del acuerdo entre PP y Ciudadanos, que ha llevado a la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso, con el dirigente naranja Ignacio Aguado como vicepresidente.
Ciudadanos ha pisado el acelerador para cumplir con el pacto de gobierno y con la vocación regeneradora comprometida por los de Albert Rivera y ha impulsado una pequeña revolución diseñada en los primeros dos meses de mandato con tres medidas significativas.
La primera, la eliminación de los aforamientos, de la que Ciudadanos ha hecho una de sus banderas. Desde el departamento que lidera Ignacio Aguado, se ha dado ya orden de iniciar los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la ley que elimine los aforamientos politicos en la Comunidad de Madrid.
El proyecto debe ser ratificado aún en Consejo de Gobierno, aprobado posteriormente en la Asamblea de Madrid con una mayoría amplia y remitido finalmente al Congreso de los Diputados para ser ratificado. La tramitación implica reformar el Estatuto de Autonomía regional, por eso es fundamental dar los primeros pasos cuanto antes.
Gracias a esta iniciativa, se suprimirá la figura del aforamiento. Una vez eliminada, se acabaría con el regimen especial con el que cuentan los politicos ante la justicia y, según subrayan fuentes de CS "dejaría de haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".
La segunda pata del proyecto es la creación de la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción Política. El objetivo de esta medida es garantizar que cualquier empleado público de la administración que detecte irregularidades o presuntas tramas de corrupción política pueda ponerlo en conocimiento del Defensor del denunciante de corrupción para que se tomen las medidas oportunas.
A partir de ahí, este organismo, dependiente de la Administración pero autónomo y elegido por una mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid, asesorará a los denunciantes para saber si lo que se pone en conocimiento constituye un ilícito penal, si requiere ser investigado o no.
Se garantiza la confidencialidad del denunciante durante todo el proceso (ya que muchos funcionarios no han acudido a la justicia en los últimos años por miedo a represalias).
El Gobierno madrileño confía en que esta medida va a suponer un antes y un después en material de lucha contra la corrupción: la administración contará con 150 mil empleados públicos que velarán por el buen funcionamiento de la misma.
La tercera iniciativa ya en marcha es la eliminación de la potestad de la Asamblea de Madrid para la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
La Comunidad de Madrid está trabajando en el anteproyecto de Ley que contempla acabar con la citada prerrogativa a la hora de designar 3 jueces en las Salas de lo Civil y de lo Penal. Así, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien nombre directamente a estos magistrados sin que interfiera en el nombramiento el poder politico representado en la Asamblea.
El CGPJ se encargará de designar esas plazas vía concurso y con juristas de dilatada experiencia y amplio prestigio en su ejercicio profesional