Sánchez embarca a Moncloa en una batalla jurídica contra la Asamblea de Madrid
En pánico por la tendencia electoral a 48 horas de los comicios, el PSOE lanza un guiño al PNV y demás nacionalistas con una batalla contra una iniciativa "simbólica" de PP, Cs y Vox.
Isabel Celaá en su última rueda de prensa como portavoz antes del 10-N.
A 48 horas de saber si tiene que hacer las maletas para abandonar el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez embarca al aparato del Estado en una incierta batalla legal contra un parlamento autonómico.
El Gobierno ha decidido este viernes encargar a los servicios jurídicos del Estado que estudien "si es susceptible de ser impugnada" ante el Tribunal Constitucional la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid por la mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, a iniciativa de ésta última, que pide ilegalizar a los partidos independentistas que atenten contra la unidad de España.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, confirmaba y concretaba el anuncio hecho horas antes en sendas entrevistas en radio y televisión por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ve en la resolución aprobada por la Asamblea de Madrid una "deriva bien peligrosa".
Celaá ha reivindicado que el Gobierno está dando el "mismo trato" al Parlament de Cataluña que a la Asamblea de Madrid cuando en estas cámaras se aprueban resoluciones que pueden estar excediendo el ámbito de sus competencias.
Preguntada si el Ejecutivo también estudió en su día si la resolución aprobada en enero pasado por el Parlamento de Extremadura, con el apoyo del PSOE, y que pedía aplicar en Cataluña un 155 firme y por el tiempo que fuese necesario excedía el ámbito de sus competencias, Celaá ha pasado la palabra al ministro de Política Territorial, Luis Planas.
Planas ha asegurado que el Ejecutivo, en aplicación del artículo 9 dela Constitución, analiza el conjunto de las decisiones de todos los órganos del Estado para ver si se ajustan a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley porque de no ser así el Gobierno lleva a cabo las acciones legales que corresponda.