Taquicardias en el PSOE ante la sentencia de los EREs: pinta mal para Griñán

Hay una pregunta que Albert Rivera nunca consiguió que Pedro Sánchez le respondiera, y mira que lo intentó en múltiples ocasiones. La última, durante el debate en televisión de la campaña electoral.

Entonces le preguntó al presidente en funciones si, en el caso de que José Antonio Griñán y Manuel Chaves sean condenados en el juicio de los EREs, dimitirá. La respuesta del socialista fue el silencio administrativo.

El veredicto de la causa que sentó en el banquillo de los acusados a ambos expresidentes de la Junta de Andalucía -y del PSOE- y a otros 19 exaltos cargos del Gobierno regional se conocerá el martes. Cuando se hayan cumplido once meses desde que el juicio quedó visto para sentencia, tras las declaraciones de 120 testigos y nueve peritos.

En el socialismo andaluz no pueden ocultar estos días su inquietud ante la decisión del ponente del tribunal, el juez Juan Antonio Calle Peña, y de las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

El absoluto mutismo que mantienen los tres en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha hecho que en el PSOE-A tengan un mal presentimiento. Las cosas no pintan bien, especialmente para Griñán, que antes que presidente fue consejero de Economía y Hacienda.

La Fiscalía Anticorrupción pide para él seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y, para Chaves, 10 años de inhabilitación. No obstante ni uno ni otro tienen ya cargo público alguno. En el caso de Chaves, los pronósticos son menos agoreros. Aunque por ahora todo son meras especulaciones.

Aunque el PSOE apartó a ambos de sus responsabilidades en el pasado, una sentencia condenatoria supondría la primera sacudida al preacuerdo de Gobierno entre Sánchez y Unidas Podemos. Hace unos meses, el futuro vicepresidente del Gobierno de España decía que el caso "avergüenza a toda Andalucía":

Hay que recordar, además, que Podemos llevaba en su programa electoral para el 10N la promesa de articular un Plan Nacional contra la Corrupción coordinado por un "organismo independiente del poder político".

"Con el que impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos", añadía.

A ver el martes.