Otro hachazo judicial se avecina, puede noquear al PNV y "retratar" a Iglesias
La moción de censura que aupó al líder del PSOE estaba sustentada en la limpieza y en la guerra a la corrupción. Pero sus pilares fundamentales tienen "aluminosis" y mucha hipocresía.
Los pilares argumentales, la excusa en definitiva, de la moción de censura de Pedro Sánchez -su trampolín personal a la primera línea de la política- han saltado literalmente por los aires con la demoledora sentencia de los EREs de Andalucía.
Pero, a la variopinta argamasa que aglutinó la alianza para desalojar al PP del Gobierno -con PSOE, Podemos y PNV en vanguardia- le amenaza otro baño de realidad. Otra sentencia judicial que se anuncia inminente, que puede lanzar un torpedo a los nacionalistas vascos, golpear de paso a la débil estrategia de pactos de Sánchez y obligar, por segunda vez en un mes, a retratarse a Pablo Iglesias.
El torpedo en cuestión se llama caso de Miguel. Su protagonista es Alfredo de Miguel, alto cargo y exdiputado foral de Álava. Un pata negra de Andoni Ortuzar, Íñigo Urkullu y Aitor Esteban. Y se juega nada más y nada menos que 30 años de cárcel. Por corrupción pura y dura.
En el oasis vasco, el caso de Miguel tiene -salvadas las distancias- algunas similitudes con los EREs andaluces. Los vascos han tenido que esperar más de un año para conocer un fallo judicial que se hará público oficialmente el próximo 17 de diciembre, dos semanas después de la constitución solemne del nuevo Congreso de los Diputados.
Será ese día, en plena fase final para la investidura de Sánchez y tras la primera ronda de contactos del Rey Felipe, cuando la Audiencia Provincial de Álava emita su veredicto sobre De Miguel y los otros dos acusados, Koldo Otxandiano y Aitor Tellería. El primero se enfrenta a una petición de a Fiscalía de 30 años de prisión y los otros dos procesados de 13.
Alfredo de Miguel (a la derecha), el alto cargo del PNV que se enfrenta a 30 años de cárcel por corrupción.
Durante el juicio, la Fiscalía ha llegado a calificar el caso de Miguel de una "trama de delincuencia organizada". El Ministerio Público da por probado que los dirigentes del PNV articularon un "entramado societario" para aprovecharse de sus "relaciones políticas y administrativas" para cobrar comisiones y "obtener así un ilícito beneficio económico".
De Miguel se enfrenta a acusaciones por corrupción, asociación ilícita, cohecho, prevaricación, coacciones, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Afronta además multas que superan el 1.1 millón de euros.
Todo ello se sustanciará en la sentencia que se conocerá el 19 de diciembre. Entonces, si como apuntan todos los pronósticos, el caso de Miguel acaba en condena, el PNV sufrirá la mayor humillación judicial de su historia. Sánchez volverá a ver saltar por los aires los argumentos de su moción contra Rajoy y Pablo Iglesias tendrá, como con los EREs, que retratarse.