Un grupo de jueces destroza al PSOE por sus presiones a la jueza de los EREs

La labor de la jueza Mercedes Alaya, la primera que se atrevió a investigar los casos de corrupción del PSOE andaluz y que se colocó al frente de la instrucción del caso de los EREs, fue torpedeada desde todos los frentes. Le supuso difamaciones, escraches, insultos y presiones, algo que ha vuelto a poner de manifiesto la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, destacando el "éxito de la magistrada" y destrozando al socialismo.

De hecho, la plataforma ha emitido un comunicado en el que considera "inaceptables las presiones a las que fue sometida la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso". Además, ha destacado que "más allá de la legítima discrepancia jurídica, fue víctima de una campaña de difamación pública en la que se puso en duda su honradez profesional, capacidad intelectual e incluso la respetabilidad de su vida privada. Hasta su aspecto físico fue objeto de comentarios improcedentes, no solo por su impertinencia, sino por su descarado sesgo machista".

Sin embargo, y a pesar de tener todo en su contra, "perseveró. Y su dedicación ha sido culminada con el reconocimiento jurídico que merecía, al ser condenados la mayoría de los procesados; y verse refrendada por el tribunal superior la pulcritud técnico-legal de su labor investigadora".

Además, han reconocido la gran labor de Alaya, puesto que "no deja de sorprender ante la complejidad de las actuaciones: autos de miles de folios y cientos de declaraciones instruidas con unos medios claramente insuficientes. Tan ingente tarea, susceptible de abrumar al más preparado de los profesionales por su elefantiásica magnitud, fue completada con "esfuerzo y diligencia", según resalta el órgano sentenciador".

Presiones y "hostigamiento sistemático"

Por ello, una vez se ha pronunciado la sentencia la plataforma ha analizado todo lo ocurrido durante este tiempo y considera que " nuestra justicia carece de recursos materiales suficientes para acometer una lucha eficaz contra la corrupción política. Y que son los propios jueces los que, comprometiendo su vida profesional y personal así como su salud laboral, deben suplir tales deficiencias merced a un esfuerzo sobrehumano".

Además, insisten en que "cada vez que resultan judicialmente encausadas las altas oligarquías políticas y económicas se desata un hostigamiento sistemático para presionar a los jueces instructores que se atreven a llevar las indagaciones hasta sus últimas consecuencias". Por ello, concluyen que "la investigación criminal, según viene defendiendo la Plataforma, debe ser irrenunciablemente independiente, imparcial e inamovible".