La "musa" de Puigdemont que desafió al Rey se enfrenta a 12 años de cárcel

Malversación, fraude administrativo, falsedad documental y prevaricación son los delitos por los que Laura Borrás, diputada independentista de Junts per Catalunya, podría enfrentarse a una pena de 12 años de prisión si, finalmente, prospera la acusación presentada por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo para iniciar la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a su "amigo" Isaías Herrero.

Para el fiscal del Supremo Javier Zaragoza hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borrás "abusó" de su condición de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, también investigado por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona y con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional".

Según Zaragoza, hay indicios acreditados de que en estos cuatro años "hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados" por la institución a favor de Herrero. Para ello, Borrás y el informático confeccionaron presupuestos falsos para que fueran aportados "a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual", explica.

Por todo ello, el fiscal concluye que Borrás y Herrero actuaron de "común acuerdo y de manera concertada" para defraudar a la ILC, mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos en tramos de 18.000 euros, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público.

Añade que también realizaron de forma conjunta la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público" y que los importes señalados en las facturas giradas no obedecían "al pago real y efectivo de los trabajos o servicios" por Herrero.

El informe del fiscal incluye, al igual que lo hace la exposición razonada, una serie de correos electrónicos entre ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borrás. Por todo ello, el fiscal asegura que "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago".

Todo ello se conoce cuando ya se ha conformado el Congreso de los Diputados y el Rey dará el pistoletazo de salida para iniciar la ronda de consultas a la que previsiblemente acudirá Borrás como portavoz del partido de Puigdemont. La diputada ya estuvo con Felipe VI en junio y protagonizó uno de los episodios más bochornosos cuando actuó de mensajera de su jefe diciéndole al Rey que a Puigdemont le gustaba mucho más como Príncipe de Gerona que como Rey de España, a lo que el Jefe del Estado respondió rápidamente que a él también me gustaba más Puigdemont como alcalde de Gerona que como presidente de la Generalitat.