Una víctima de violencia de género destapa cómo Pedro Sánchez la ignoró

Una cosa es predicar y otra dar trigo. A Pedro Sánchez y Carmen Calvo se les ha llenado la boca en los últimos meses con palabras y supuestos compromisos sobre la violencia de género pero a la hora de los hechos, visto lo visto, no han dado la talla. De hecho, a una petición bien razonable de una víctima han respondido haciéndo oídos sordos. Esta es la historia.

Las hijas de la mujer asesinada en junio de 2015 por su marido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras clavarle primero hasta tres veces una navaja en la espalda y, a continuación, golpearla "varias veces" con la tapa de la cisterna de un inodoro en la cabeza, han lamentado tener que pagar un impuesto a la Agencia Tributaria, que podría alcanzar los 5.000 euros, tras recibir bienes -la mitad de dos coches que poseía el matrimonio y de la vivienda donde conviven- como indemnización impuesta por el juez a su padre, por la vía de responsabilidad civil, condenado por estos hechos a 21 años y medio de prisión

La Audiencia de Sevilla en abril de 2017 condenó a este hombre a esta pena de prisión por un delito de asesinato y por otro de maltrato habitual, a la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de sus dos hijas durante 33 años y la privación del derecho de residir en Alcalá de Guadaíra o acudir a dicha localidad durante otros 31 años, así como a indemnizar con 100.000 euros a cada una de sus dos hijas por "el elevado daño moral sufrido", pues "no sólo han perdido de forma tan dramática a su madre con todo lo que ello conlleva, sino que también, de alguna manera, han perdido a su padre".

En declaraciones a Europa Press la letrada del despacho de abogados que ejerció la acusación particular, Sandra Márquez, ha detallado que, dada la insuficiencia de recursos del condenado, parte de la indemnización la compensaría con el valor del 50 por ciento de los dos coches y de la vivienda que poseía el matrimonio -la otra mitad la heredaron por parte de su madre fallecida-, valorados estos bienes en unos 60.000 euros, cantidad de la que "Hacienda le reclama el ocho por ciento, alrededor de unos 5.000 euros".

Carta a La Moncloa: sin respuesta

Con el fin de evitarlo, teniendo en cuenta que su situación económica no es muy favorable -una de ellas percibe un subsidio en cuantía de 430 euros al mes y la otra tiene un contrato a media jornada de ayuda a domicilio y su salario es de 400 euros mensuales- Márquez ha presentado distintos escritos a las administraciones a nivel regional y estatal.

En concreto, fue remitida una consulta vinculante realizada a la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en abril de 2019 y, posteriormente, a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, obteniendo como respuesta que "no eran competentes para resolver la cuestión", por lo que instaron a presentar otro escrito a la Dirección General de Tributos.

Ante esta situación, cursaron una petición dirigida a la Presidencia del Gobierno el pasado mes de junio en la que le pedían que dieran las instrucciones oportunas para que los servicios jurídicos del Estado "contemplaran supuestos como el presente exentos de tributación a los efectos de que ninguna víctima sufra además de su pérdida las consecuencias impositivas de hechos como el denunciado".

Sin embargo, la Presidencia "no se ha pronunciado, sino que se limitó a remitir el asunto a la Dirección General de Tributos", desde donde precisaron que "el impuesto hay que abonarlo" pero instándole a dirigirse a la Junta de Andalucía por si existiese alguna norma autonómica que prevea algún tipo de beneficio fiscal, a lo que la Administración andaluza señaló en un documento que "no existe ninguno aplicable al supuesto".

Ante esta circunstancia y ante la imposibilidad de asumir el coste, las hijas de la mujer asesinada han solicitado a su representante legal que "no hagan a la fecha gestión alguna, como mínimo durante varios meses, para poder reunir el dinero y pagar el impuesto", al que consideran "injusto".