La Justicia machaca ahora a la UGT de Andalucía por este monumental fraude

La UGT de Andalucía vuelve a sentarse en el banquillo por el presunto desvío de los fondos concedidos para la formación para el empleo a través de facturas falsas. Un caso que estrecha aún más el cerco en torno a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que ve cómo van surgiendo a su alrededor nuevos casos de corrupción, aparecen documentos ocultos y hasta cámaras de seguridad secretas que se crearon y se mantuvieron durante el todo el mandato socialista.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa a cada uno de los cinco excargos de UGT Andalucía por la causa de las facturas falsas, entre ellos el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y cuatro personas más de la dirección, por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.

En concreto, los investigados son, además de Francisco Fernández, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y la responsable del departamento de Compras de UGT-A, a la que le pide cinco años de prisión.

Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, además les solicita el pago de una indemnización, conjunta y solidariamente, de 40,7 millones de euros, que es la cantidad supuestamente defraudada, y a la responsable del departamento de Compras el pago de 4,2 millones. Además de a estos cinco excargos, Fiscalía Anticorrupción acusa a nueve personas, que eran proveedores del sindicato, a los que pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros.

Anticorrupción ha formulado este escrito de acusación después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictara un auto a principios de este mes de diciembre en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas del sindicato contra estos exaltos cargos y proveedores, una resolución en la que concluyó el magistrado que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, "asciende a 40.750.047,74 euros".

Además, el fiscal considera que dada "la posición política, social y económica" del sindicato, como "institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones y un nutrido grupo de estas fueron las destinadas a impartir formación, "como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, singularmente en una comunidad autónoma como Andalucía donde el paro es un grave problema".

El 'bote', el 'rappel' y los alquileres simulados

En concreto, el Ministerio Público centra esta acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas a través de dos instrumentos, denominados 'rappel' y 'bote'. Sobre el primero, Anticorrupción ha señalado que era el ex secretario general de Administración del sindicato el que seleccionaba los proveedores "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba "un descuento ante la ingente actividad comercial".

Sin embargo, añade el fiscal, "en la cuenta justificativa que se rendía ante la Dirección General de Formación se presentaba la primera factura sin incluir ese descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".

Con el otro instrumento, el denominado 'bote', el fiscal señala que UGT-A, a través de este acusado, la exsecretaria de Gestión Económica y la exresponsable del departamento de Compras, "encargaba la elaboración de facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas".

Por último, Anticorrupción señala otras vías para sustraer fondos de las subvenciones como un sistema de alquileres simulados; la imputación de salarios de empleados de los cursos "cuando realmente no trabajaban en ellos", así como los gastos de estructura y funcionamiento del sindicato.