El fin de Quim Torra: su inhabilitación enmaraña más la madeja catalana

La carrera política de Quim Torra tiene los días contados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a año y medio de inhabilitación para cualquier cargo público al presidente de la Generalitat y a una multa de 30.000 euros por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.

En la sentencia, los tres magistrados de la Sala Civil y Penal consideran probada la "contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad".

Es de prever que Torra ahora recurra ante el Supremo, de forma que la sentencia quedaría en suspenso y él seguiría en su cargo hasta que haya un pronunciamiento en firme. ¿Cuándo? Aproximadamente en nuevo meses, que es el tiempo medio que tarda el alto tribunal en resolver un recurso de casación. No obstante, también es de prever que el Supremo dé la razón al TSJ de Cataluña teniendo en cuenta que el propio Torra reconoció los hechos ante el juez en su declaración.

"Sí, desobedecí porque la Junta Electoral Central no es un órgano superior competente para ordenarme retirar los lazos amarillos", afirmó durante el juicio a preguntas de su abogado (fue al único que quiso contestar). Así que Torra tenía más que asumido cuál sería el fallo.

La sentencia enrevesa aún más el horizonte electoral en Cataluña, habida cuenta de que la sentencia del TSJ catalán se ha conocido el mismo día en que el Tribunal de Justicia de la UE ha dado un espaldarazo al independentismo. Ello al sostener que Oriol Junqueras tenía inmunidad parlamentaria desde el mismo momento en que fue elegido, sin necesidad de desplazarse al Congreso para acatar la Constitución.

Esto último no implica la salida de la cárcel del líder de ERC, condenado en firme a 13 años de cárcel por sedición y malversación, pero allana el camino para los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín, que también se presentaron a las europeas y obtuvieron escaño.

Aunque Torra, y por ascendente Carles Puigdemont, decidieran convocar elecciones en Cataluña en este momento, el president no podría ser candidato: la Ley Electoral establece que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Y el delito de desobediencia entra dentro de la categoría de los delitos contra la Administración Pública.

Torra no es el primer presidente de la Generalitat inhabilitado. Ya lo fue Artur Mas por un delito de desobediencia en la consulta del 9-N. Su inhabilitación termina en febrero de 2020.