Cataluña aprueba por decreto "premiar" a los "okupas" con alquileres baratos
La Generalitat ha sacado adelante una norma que obliga a los propietarios a tener que alquilar a quienes lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante.
Un edificio 'okupado' en Madrid
Los propietarios de viviendas catalanes que hayan sido ocupadas se quedan sin defensa ante el llamado "plan de choque" que ha puesto en marcha la Generalitat, que obligará a los dueños ha tener que dejar a los okupas en sus casas a cambio de "un alquiler social", durante al menos siete años. Así lo establece el Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Entre los colectivos a los que se dirige la norma figuran las familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, quienes se encuentren en procesos de desahucios o bien quien lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo decreto.
Esta nueva norma considera como un gran tenedor de viviendas no sólo a organizaciones y empresas, sino a personas físicas con más de quince pisos en propiedad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, asegura que el objetivo del nuevo decreto es combatir las situaciones de "emergencia residencial", aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los pisos en renta.
"Alquiler social obligatorio"
"Es un plan de choque", afirmó el consejero, que cifró en 13.900 los desahucios registrados en 2018, y en 6.990 los contabilizados en los dos primeros trimestres de 2019.
En el primer objetivo del decreto, el de combatir las situaciones de emergencia residencial, también se enmarca la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco y siete años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica.
La nueva norma también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta, atender a familias en riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de alojamiento.
También se implementarán medidas para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos así movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.
