Sánchez deja la Abogacía del Estado hecha un polvorín y se esfuma en fin de año

La Abogacía General del Estado es un polvorín desde que Pedro Sánchez decidiera ofrecerla en sacrificio a ERC a cambio de que los de Oriol Junqueras se abstengan en la investidura.

El órgano que dirige Consuelo Castro está viviendo días de presiones y tensiones máximas a cuenta del escrito sobre la inmunidad y la libertad de Junqueras que ha de presentar al Tribunal Supremo en respuesta al fallo del Tribunal de Justicia de la UE.

Tal es así que aunque el presidente en funciones pretendía liquidar el trámite cuanto antes para poder convocar el pleno de investidura la primera semana de enero, el plan se le está desmoronando.

Tanto que ha decidido dar la espantada y este viernes no comparecerá tras el último Consejo de Ministros del año, como viene siendo habitual con todos los presidentes, sean del signo que sean. Solo hubo un año en que se rompió la norma no escrita de celebrar una rueda de prensa antes de Nochevieja: en 2011, y solo porque Mariano Rajoy había tomado posesión apenas unos días antes, el 21 de diciembre.

Dicen en La Moncloa que el presidente en funciones está muy ocupado en solventar su investidura y que por eso no toca. Pero lo cierto es que está tocado.

Desde la Abogacía del Estado llegan señales de que al Gobierno no le está resultando tan fácil retorcer el escrito de respuesta al TJUE a su antojo, puesto que sobre el líder de ERC pesa un condena en firme a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación continuada.

En realidad, el plazo para presentarlo acaba el próximo jueves, 2 de enero, y no parece que este viernes vaya a haber movimiento. Ya lo vio venir el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cuando este jueves mostró sus serias dudas de que antes del 8 de enero haya algo.

Al ver las señales de fumata negra que de momento emite la Abogacía del Estado, el PP, Vox y Ciudadanos han aprovechado para poner más presión sobre los abogados y que estos finalmente se planten frente al Gobierno.

"La Abogacía del Estado representa los intereses de España, no está al servicio de Sánchez. Es intolerable que su investidura esté pendiente de informe sobre un delincuente. Junqueras está condenado por sedición y no debe tener privilegios discrecionales", escribió este jueves Pablo Casado en Twitter.

"La Abogacía del Estado no es un instrumento del Gobierno, menos aún de un Gobierno en funciones, y debe someterse al principio de legalidad y al interés general. Si no lo hace tendrá que responder por ello, como cualquiera", advirtió Santiago Abascal.

En Vox amenazan, incluso, con emprender acciones legales contra la Abogacía si su escrito va dirigido a "apaciguar a los golpistas y conseguir que Sánchez sea investido".

Entretanto, en las últimas horas se ha conocido que Pablo Iglesias se reunió el lunes en el Congreso con el presidente de ERC en el Parlament de Cataluña, Sergi Sabrià, y con la diputada Carolina Telechea. Sintomático de que la negociación no está tan encarrilada como intentan hacer ver en el PSOE, puesto que en teoría Podemos había accedido a que fueran los socialistas quienes llevaran las riendas de la negociación.