ERC inicia sus exigencias: echar al Gobierno de los juicios contra los 'indepes'

Que la legislatura que acaba de arrancar estará marcada por las exigencias independentistas es algo que todo el mundo apuntaba desde el inicio de las conversaciones entre ERC y el PSOE y han sido suficientes solo unas horas para que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés marque su primera petición al Gobierno y no es precisamente una solicitud de poco calado, sino que solicitan nada más y nada menos que el Gobierno se retire de todas las causas judiciales contra el independentismo.

En una entrevista en Catalunya Radio, Aragonés ha explicado que los independentistas pedirán "el fin de la represión" y que eso pasa, "entre otras cosas" por la retirada del Ejecutivo de las causas judiciales. "Hay muchas vías, las iremos concretando en la mesa de negociación", ha señalado el vicepresidente, para después admitir que tiene "un punto de esperanza" por el hecho de que Unidas Podemos esté en el Ejecutivo.

En este sentido, ha recordado que, "en su momento", la formación morada admitió "la represión" y la existencia de "presos políticos" por lo que, a su juicio, los de Pablo Iglesias serán "aliados" en su intento de conseguir su independencia de España.

"Si empezamos una negociación entre dos partes no puede ser que una parte esté fomentando la vía represiva", ha señalado Aragonés, que ha explicado que la solución para ERC pasa por una "ley de amnistía". Eso sí, ante la negativa del Gobierno, ha reconocido que "habrá que insistir y trabajar de forma calmada".

Espera que el Tribunal Supremo dé la razón a Torra

Además, ha asegurado que el Govern se mueve en el escenario de que el Tribunal Supremo dé la razón al presidente catalán, Quim Torra, en el recurso presentado por su inhabilitación, por lo que espera agotar la legislatura a pesar de que la Junta Electoral Central le inhabilitase como diputado del Parlamento catalán el pasado viernes.

En todo caso, si el Supremo inhabilita al presidente de la Generalitat, ha recordado que la ley de presidencia establece cuáles son los pasos a seguir, que él solo desarrollaría funciones administrativas, entre las que no se cuenta la de convocar elecciones, y que el Parlament "debería escoger a un nuevo presidente".