Las cinco "minas" que tiene el PP para frenar el abordaje de Sánchez al Estado

Pedro Sánchez ya es presidente y, desde este lunes, Pablo Iglesias es uno de sus cuatro vicepresidentes, con un Gobierno mastodóntico de 22 ministros intervenido, desde el minuto uno, por la pinza de ERC, Bildu y el PNV.

Todos ellos esperan que la factura que le han pasado al PSOE se abone desde el primer momento, empezando por la Mesa de negociación bilateral con la Generalitat que Gabriel Rufián ha exigido para dentro de quince días.

Pero hay más, mucho más: la coalición de populistas y soberanistas va a apretar como nunca al Gobierno para que cambie las costuras del Estado. Y a Sánchez, tal vez, se le ha acabado esa extraña fortuna que le hace siempre beneficiario de las carambolas.

Por eso es importante conocer qué límites que no se ponga el Ejecutivo le va a poder poner el Congreso y la oposición. Y son varios, en el PP lo saben y hacen acopio de fuerzas para exprimirlos: para empezar, cualquier modificación de la Constitución es inviable sin el concurso del grupo de Pablo Casado.

No ya las más importantes, ésas que tocan la estructura territorial del Estado, sino otras aparentemente más inofensivas como la transferencia de la capacidad de convocar referendos a Cataluña: nada que sea preguntar a los catalanes por algo que escape del estricto ámbito competencial de la Generalitat podrá serle concedido por Sánchez a Junqueras y Puigdemont, pese a que la celebración de una consulta ha sido uno de los compromisos del pacto.

Pero hay otros ámbitos donde la capacidad de bloqueo del PP, pese a la presión, puede ser absoluta y decisiva. "Y desde luego que la usaremos para evitar que el PSOE pague facturas personas con intereses de toda España", explican fuentes populares a este periódico.

La lista de espacios donde ni el martillo de PSOE, Podemos y ERC podrá actuar en solitario no es muy grande, pero sí decisiva en un ámbito clave: la Justicia. El nuevo ministro del ramo, Juan Carlos Campo, ha sido designado para "desjudicializar" el procés catalán, un eufemismo para describir la presión del nuevo Ejecutivo hacia los jueces y, en especial, contra el Supremo. Que de momento resiste en pie las presiones.

Renovaciones clave

Y que siga haciéndolo dependerá en buena medida de tres renovaciones estratégicas que no se harán con el puño de hierro de Sánchez si Casado aguanta el tirón: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y su crucial Sala de lo Penal y el mismísimo CGPJ. En todo ellos, el rodillo no es suficiente: el PSOE pacta con el PP, o no habrá renovación "progresista".

No termina ahí la cosa: desde el Defensor del Pueblo hasta RTVE o la Comisión de Secretos Oficiales, los populares tienen de algún modo la última palabra. O la penúltima: Sánchez no podrá hacen en esos ámbitos lo que quiera sin negociar con Casado.

De momento, no se ha producido ninguna llamada al respecto y no se espera para los próximos días. Pero cuando llegue, se explica a este periódico, la respuesta será clara: no habrá barra libre.