Los jueces vuelven a poner la cara roja a Sánchez y tumban la última de Torra
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba las nuevas embajadas de la Generalitat que La Moncloa no ha querido cerrar. Otro varapalo a la Generalitat aunque con efectos limitados.
Torra y su consjero de "Exteriores", Alfred Bosch.
Puede que el PSOE haya negociado en secreto impunidad para los golpistas catalanes pero La Moncloa ha topado, una vez más, con la Justicia. Los jueces no saben de componendas políticas y siguen aplicando a rajatabla la ley.
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat de reapertura de las delegaciones en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia del 26 de junio de 2018, tras su cierre con la aplicación del artículo 155.
Sin embargo, la sentencia no tendrá efectos porque, tal como han explicado fuentes de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, la sentencia se refiere a una norma que quedó derogada con la aprobación de seis nuevos decretos en septiembre de 2019. "Las delegaciones, por lo tanto, pueden seguir en funcionamiento con total normalidad", han señalado las fuentes.
Según la sentencia del TSJC, los magistrados declaran la nulidad del decreto y condena a la parte demandada al pago de las costas hasta el límite de 2.000 euros.
Sin embargo, el Govern aprobó el 25 de septiembre de 2019 otros seis nuevos decretos de reapertura de estas mismas delegaciones, que no han sido recurridos por la Abogacía del Estado -en manos de Dolores Delgado- en nombre del Ministerio de Exteriores.
La sentencia del TSJC concluye que es "palmario" que la Generalitat aprobó el decreto de 2018 incurriendo en una vulneración de las normas contenidas en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Así, detalla que la ley establece que las comunidades autónomas tienen que informar al Gobierno del establecimiento de oficinas de promoción exterior con carácter previo a su apertura, y que al menos los ministerios de Asuntos Exteriores y Hacienda tienen que elaborar un informe sobre la propuesta.
El tribunal indica que, en el caso del decreto de 2018, estos informes "no pudieron evacuarse materialmente" porque la Generalitat informó al Gobierno el 25 de junio por la tarde y aprobó la apertura de delegaciones al día siguiente.