La gran mentira de Sánchez oculta tras la subida salarial a los funcionarios

El Gobierno ha aprobado en el primer Consejo de Ministros celebrado en martes la subida salarial del 2% a los funcionarios, tal y como anunció el presidente del Gobierno en la entrevista que realizó en RTVE. Una subida, anunciada a bombo y platillo, pero que no supone más que una nueva trampa que se suma a la larga lista que acumula Sánchez, ya que fue negociada y aprobada por el PP en 2018.

Sin embargo, el nuevo gobierno de coalición quiere hacer suyo un incremento salarial que se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) en 2018, y contempla un nivel mínimo de alza del 2,3% (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Junto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la medida tendrá un coste de 3.264 millones de euros.

De hecho, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que “cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar", obviando que se trataba de un acuerdo previamente pactado y que el Gobierno había ido retrasando.

También, en este Consejo de Ministros se ha aprobado la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que el Gobierno se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio climático, entre ellas se encuentra la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático con la participación de los jóvenes y definirá la senda de descarbonización a 2050.

Montero ha afirmado que la aprobación va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido. De esta manera, ha asegurado que el Gobierno sitúa al cambio climático y la transición justa como eje transversal impulsando políticas. Así, ha señalado que el objetivo de esta declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro.