Varapalo al número dos de Calvo por sus tejemanejes con la Memoria Histórica
El nuevo secretario de Estado de la vicepresidenta primera se estrena en el cargo con un mazazo del Tribunal Supremo, que tumba su querella contra el popular Rafael Hernando.
Fernando Martínez, el nuevo secretario de Estado de Memoria Histórica de Carmen Calvo.
Este pasado viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde al nombramiento de Fernando Martínez, dirigente del PSOE de Almería, como número dos de Carmen Calvo. Y apenas 72 horas después ha recibido una notable bofetada judicial precisamente sobre el área que va a estar bajo su competencia.
El Tribunal Supremo ha desestimado la querella interpuesta por el nuevo secretario de Estado de Memoria Histórica contra el senador del PP por Almería Rafael Hernando ya que considera que cuando le achacó el "llevarse a su bolsillo" 80.000 euros para "dos estudios que se fabricó" en la UAL lo hizo en el "marco de una crítica política" entre partidos "contendientes".
El Alto Tribunal remarca que las declaraciones de Hernando a los medios de comunicación fueron al "finalizar un mitin" en la anterior campaña electoral "como consecuencia de un debate sobre la Memoria Histórica, de interés público relevante" y que entran "en el ejercicio" de las libertades de expresión e información.
El auto resuelve no admitir a trámite la querella por un delito de calumnias y un delito continuado de injurias hechas con publicidad en la que Martínez reclama 20.000 euros para destinar al pago de "las exhumaciones de las víctimas de la guerra civil y del Franquismo" y remite al informe de la Fiscalía que subrayó que su condición de parlamentario "le protege, además, su libertad de expresión, al amparo del derecho de inviolabilidad por opiniones que exprese".
Indica el Supremo que, analizadas las expresiones vertidas por Hernando en su contexto, sí se hace una "insinuación velada" pero matiza que se "vislumbra la finalidad de la crítica cuando se dice que Martínez recibió 80.000 euros para dos estudios en la Universidad de Almería (UAL) cuyos resultados no hemos conocido ni se han difundido"..
"La disputa se mueve, por consiguiente, en un marco en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyen, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor", remarca el Alto Tribunal.
El socialista Fernando Martínez presentó la querella tras calificar de "auténtica patraña inventada" las acusaciones efectuadas en marzo de 2019 por el "diputado cunero y candidato del PP" que, según aseguró, no estaba "dispuesto a transigir".
Así, puntualizó que entre 2008 y 2011 se presentaron por parte de la Universidad de Almería, a través de un grupo de investigación bajo su coordinación, varios proyectos a un concurso público convocado por el Ministerio de Presidencia para realizar diferentes estudios sobre "masonería, exilio y responsabilidades políticas".
En este sentido, detalló que se recibieron en torno a 63.000 euros para dos proyectos en los que participaron varias universidades andaluzas, de los que surgieron las publicaciones 'La masonería en Andalucía y la represión durante el Franquismo' y 'El botín de guerra en Andalucía', editados por Biblioteca Nueva, y 'Los andaluces en el exilio del 39', editado por el Centro de Estudios Andaluces.
Más dinero
La reacción del catedrático llegó después de que Hernando criticara la "estafa" y el "engaño" con el que, a su juicio, Martínez habría empleado fondos de un departamento que ha estado "al servicio económico de los intereses particulares" del director general, puesto que en este caso, dichos fondos "sirvieron no para recuperar la memoria de nadie" ni para "buscar a nadie no sé en qué cunetas" sino para que Martínez "se llevara el dinero".
El dirigente popular, quien afeó que el PSOE ubicase a Martínez en puestos de salida para las elecciones de abril de 2019, insistió en que al tiempo que recibió una dotación para sus investigaciones como catedrático en la universidad, otros 137.000 euros "fueron a parar a la asociación organizada o que vicepresidía la madre de una anterior diputada del PSOE", Sonia Ferrer Tesoro.