Sánchez quiere anular el CGPJ repartiendo sus competencias con las autonomías

El PP pensaba que tenía una buena mano de cartas para frenar el asalto a la Justicia iniciado por Pedro Sánchez, dado que su colaboración es indispensable -por las mayorías parlamentarias requeridas- para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, así como para cualquier modificación de la Constitución.

Sin embargo, la jugada del presidente del Gobierno para excarcelar a Oriol Junqueras cuanto antes vía reforma del Código Penal, para la que basta una mayoría absoluta de 176 escaños quiera o no el PP, ha puesto a los populares ante la realidad: su margen de maniobra es muy limitado, casi inexistente, ante la jugada maestra que Sánchez ya ha puesto en marcha.

La semana pasada este último mandó un mensaje público a Pablo Casado desde La Moncloa que más bien sonó a amenaza. Le instó a que dejara de "bloquear la Justicia después de haber tratado de bloquear la política". Traducido: por las buenas, o por las malas.

Sánchez controlará el poder judicial a través de un entramado de puertas traseras

El presidente y su equipo han empezado a diseñar todo un entramado de puertas traseras para asegurarse el control, cuando no directamente la servidumbre, del poder judicial. Y ello sin que el principal partido de la oposición, con sus 88 escaños, pueda hacer mucho más que denunciarlo.

Quiere además Sánchez que sea una operación rápida. Necesita al independentismo de su lado para casi todo, empezando por la aprobación de los Presupuestos.

La primera puerta trasera la creó la semana pasada al designar como fiscal general del Estado a la que hasta días antes había sido ministra de Justicia, Dolores Delgado. A sabiendas de que, al ser un nombramiento que le corresponde al Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial no podría impedirlo. Como así fue.

La segunda será esa reforma omnibus del Código Penal que el Ejecutivo prepara y en la que colará la rebaja de las penas por sedición. Sánchez quiere aprobarla durante este curso, y para acelerar los plazos los terminales socialistas han empezado a deslizar que lo mejor será que se tramite como proposición de ley y no como proyecto de ley.

La diferencia es sustancial. Si se tramita como proyecto de ley, el Gobierno tiene que pedir informes a los órganos consultivos: el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Aunque no serían vinculantes, sí se arriesgaría a recibir algún tirón de orejas, por no hablar de lo que ello dilataría los plazos.

Si por contra se tramita como proposición de ley del grupo parlamentario socialista, Sánchez se ahorra las consultas previas. Además hay que recordar que la Mesa de la Cámara es la que decide el orden del día de los plenos, y el tándem PSOE-Unidas Podemos la controla. Lo demás vendrá rodado: al tener rango de ley orgánica, para su aprobación bastará una mayoría de 176 escaños. El PSOE va sobrado con los votos de Unidas Podemos y de los partidos independentistas.

Pleno del CGPJ.

La tercera puerta trasera o gatera se adivina en el CGPJ, controlado por los conservadores. Para renovar a cualquiera de sus 20 miembros Sánchez necesita al PP, puesto que la Constitución establece que es indispensable una mayoría de tres quintos en el Congreso. Dado que el PSOE tampoco puede alterar las reglas del juego porque tendría que reformar la Carta Magna y sin Casado no puede, la jugada es otra.

El plan del presidente del Gobierno pasa por vaciar el CGPJ de competencias. ¿Cómo? descentralizando sus funciones a través de la creación de consejos de justicia autonómicos cuya composición no dependería del CGPJ, sino de los poderes regionales. En el caso de Cataluña y el País Vasco, de los independentistas. He ahí el quid de la cuestión.

Para ello, explican fuentes judiciales a ESdiario, bastaría con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. De nuevo con 176 escaños y orillando al PP.

El Estatut catalán de 2006 contemplaba la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña. El TC lo paró

En realidad la idea la tuvieron hace años los catalanes. En el Estatut de Cataluña de 2006 había un artículo, el 97, que preveía la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña y lo presentaba como "el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña". "Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial".

Sin embargo, en la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó cuatro años después, dicho artículo fue declarado inconstitucional y anulado porque claramente invadía competencias estatales.

Ahora bien, aquel fallo abría un camino que es el que ahora Sánchez está dispuesto a transitar al reconocer que, a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se podrían articular "eventuales fórmulas de desconcentración que, no siendo constitucionalmente imprescindibles, han de quedar, en su existencia y configuración, a la libertad de decisión del legislador orgánico con los límites constitucionales antes expresados".

Después del Estatut, algún otro estatuto de autonomía recogió la figura del Consejo de Justicia autonómico, como en el caso de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Pero en ninguna región están desarrollados, según las fuentes consultadas.

Los miembros del Tribunal Constitucional.

Queda, por último, el Tribunal Constitucional, también pendiente de renovación parcial desde noviembre de 2019. Actualmente hay mayoría conservadora entre sus 12 miembros (7 a 5), pero a Sánchez le interesa cambiar las tornas cuanto antes porque sus magistrados deben resolver ya los recursos de amparo presentados por los cabecillas del procés contra la sentencia de octubre.

De sus 12 miembros, cuatro los elige el Congreso y cuatro el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos (es necesario, por tanto, el PP). Pero otros dos los elige el Gobierno y los dos últimos, el CGPJ. Solo con que se renueven estos cuatro últimos, el equilibrio de fuerzas cambiará porque, de ellos cuatro, tres serán de sensibilidad progresista.

Y con todo ello, la Justicia bajo control y jaque mate al PP y a su bloqueo.