Los fiscales montan en cólera por las deportaciones "secretas" de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha presentado siempre a sí mismo como uno de los grandes defensores de los refugiados y de los inmigrantes, mantiene un discurso frente a las cámaras y a los votantes para luego fletar aviones para repatriar a los extranjeros incluso a pesar de que la ONU lo prohíba". Un hecho que ha provocado el enfado de los fiscales que están preocupados por la violación de derechos que esto pueda suponer.

De hecho, la Unión Progresista de Fiscales ha emitido un comunicado en el que mostraban su "indignación y preocupación" ante la posibilidad de que el gobierno de España esté deportando nacionales malienses a su país de origen "a través de la utilización de vías indirectas".

De hecho, han indicado que el Defensor del Pueblo tiene constancia de que en lo que va de año al menos se han realizado tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las Islas Canarias, con migrantes de terceros países subsaharianos, entre los que se incluyen nacionales de Mali.

Además, han recordado que "ya en julio de 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que la prohibición del retorno forzoso a Mali debe mantenerse hasta que la seguridad, el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Mali hayan mejorado significativamente", ha recordado.

"Es un atajo intolerable cuando hablamos de derechos humanos"

Así, los fiscales señalan que "ACNUR considera que actualmente es imposible conseguir un retorno seguro, digno y compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales, dado que el conflicto en Mali se ha agudizado en el último año, aún más, con motivo de la incidencia que en el conflicto bélico están teniendo los devastadores efectos del cambio climático".

Por ello, han censurado que "la utilización de vías indirectas, como lo ha sido la utilización del Convenio Bilateral firmado por España y Mauritania en el año 2003, bajo la única presunción de que las personas deportadas transitaron por ese país, es un atajo intolerable cuando hablamos de la protección de derechos humanos de las personas más vulnerables del planeta".

Un situación intolerable, a juicio de los fiscales, sobre la que el Gobierno de Sánchez, mantiene un perfil bajo, ya que no ha dado más detalles de los que se han ido desvelando poco a poco para evitar manchar la imagen de un Ejecutivo que presumía de velar por los derechos de los más débiles pero que realmente los mete en un avión para devolverlos a su país aunque esté en guerra.