La opacidad de Sánchez con sus viajes llega ya a la Audiencia Nacional

Pedro Sánchez se niega sistemáticamente a informar del coste y de la utilización que hace de los medios de transporte oficiales. No es la primera vez que esto ocurre, sin embargo, ha ido un paso más allá y ha recurrido a los servicios de la Abogacía General del Estado para llevar a los tribunales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ya le obligó a facilitar cómo se desplazó durante la campaña electoral de abril de 2019, una obligación que él no quiere cumplir.

De hecho, tal y como informa ABC, fue este mismo diario el que solicitó a través del Portal de Transparencia del Gobierno, toda la información relativa a los "medios de transporte oficiales utilizados por el presidente del Gobierno en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019 en desplazamientos ajenos a su condición de Jefe del ejecutivo, realizados en el territorio nacional, y copia de los informes justificativos de la necesidad de utilizar medios de transporte aéreos oficiales, si los hubiere", una solicitud que no obtuvo respuesta alguna.

Por ello, acudió al CTBG, el organismo encargado de velar porque se cumpla la Ley de Transparencia, que solicitó las explicaciones oportunas a la Secretaría General de Presidencia, que volvió a dar la callada por respuesta, por lo que finalmente fue obligada a ello con una resolución demoledora.

De hecho, el CTBG afeó al Gabinete de Moncloa que "ni tras doble solicitud por parte de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se han realizado alegaciones que motiven la ausencia de respuesta a la solicitud de información", por lo que ha recordado que "la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación".

El Gobierno se sirve de la Abogacía General para mantener su opacidad

Además, reiteró la necesidad del "cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo", ya que en el caso de no hacerlo "dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable".

Sin embargo, a pesar de todo, el presidente del Gobierno sigue negándose a facilitar la información que ha sido obligado a dar y ha recurrido a los tribunales para evitar ofrecer las explicaciones pertinentes sobre el uso que realiza de los medios de transporte oficiales que tiene a su disposición, llevando el asunto hasta el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2, donde contará con los servicios de la Abogacía General del Estado para permitir que en Moncloa siga reinando la opacidad.