Los tres escándalos que tumban el oasis vasco y que el PNV quiere esconder el 5A
En estos últimos meses, a Urkullu le ha dimitido el consejero de Sanidad por un fraude en la oposiciones de la Sanidad vasca, y los tribunales le han dado dos mazazos por corrupción.
Urkullu, rodeado de sus consejeros, al anunciar la convocatoria electoral del 5 de abril.
El llamado oasis vasco no es tal. No existe. Y el PNV, el partido que fue clave en la moción de censura que Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy con la excusa de la sentencia del caso Gürtel no es, ni mucho menos ajeno a los casos de corrupción.
En la fotografía que este lunes protagonizó Íñigo Urkullu, rodeado de todos sus consejeros para anunciar el adelanto electoral del 5 de abril, faltaba el titular de Sanidad que arrancó la legislatura hace tres años y medio. Jon Darpón, del PNV, se vio forzado a dimitir en marzo del pasado año acorralado por las revelaciones periodísticas y las investigaciones judiciales derivadas del llamado caso Osakidetza.
Un juzgado investiga una denuncia de varios médicos sobre una trama de filtraciones sobre los examenes de las oposiciones a la Sanidad Pública de la que habrían salido beneficiados personas próximas al PNV.
Por si fuera poco, nada más tomar posesión de su cargo, la sustituta de Darpón, Nekane Murga, también se vio salpicada por el escándalo que sigue instruyéndose en un juzgado de Vitoria.
Pero aún hay un caso de corrupción mucho más reciente. El pasado viernes, el que fuera director de la Hacienda Foral de Guipúzcoa y exsenador, Víctor Bravo, fue condenado a una pena de siete años de cárcel como autor a título de cooperador necesario de tres delitos fiscales contra la Hacienda Pública.
El banquillo del caso de Miguel, el mayor caso de corrupción del PNV.
Esta sentencia llegó apenas dos meses después de la condena al PNV por el mayor caso de corrupción en la etapa reciente en el País Vasco, el caso de Miguel.
El antiguo número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel fue condenado por la Audiencia Provincial de Álava a 13 años y tres meses de cárcel por diversos delitos relacionados con las actividades de una trama vinculada a excargos de la formación peneuvista, que levantaron una trama de cobro de comisiones ilegales y contratos irregulares.
El tribunal impuso a De Miguel, el principal acusado en este proceso y hombre muy próximo a Joseba Eguíbar, un total de 13 años y tres meses de cárcel por numerosos delitos relacionados con la corrupción.
En todos estos escándalos, el PSE, socio en el Gobierno Vasco, ha mantenido un ensordecedor silencio. El mismo PSOE que llegó a La Moncloa a lomos de los cinco diputados comandados por Aitor Esteban bajo la excusa de la lucha contra la corrupción.
Entonces era la que afectaba al PP. Ahora el tema no está en la agenda preelectoral del 5-A. Al menos, de momento.
