El informe de la UDEF que salpica a ZP por los millones de su hombre en Caracas

Raúl Morodo es el nexo que une al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y al propio expresidente con los dineros de Hugo Chavez. Y, tal vez, el punto que relaciona al exembajador de España en Caracas durante el anterior mandato socialista con el oscuro y polémico encuentro entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Por el momento, a la espera de que la Justicia aclare la polémica cita en Barajas del ministro de Pedro Sánchez y número tres de Ferraz, la Audiencia Nacional sí que avanza en sus investigaciones sobre la trama de Morodo y las comisiones supermillonarias que el diplomático y su familia habrían recibido del chavismo.

Morodo, embajador en Venezuela entre 2004 y 2007, y su círculo familiar más íntimo recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, investiga esos fondos porque "carecen de justificación real y lógica comercial".

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando en la misma que los hechos investigados -desde 2017- podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario.

En el caso Morodo se investiga, además de al que fuera embajador en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo.

Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

Hugo Chavez y José Bono, entonces ministro de Defensa, junto al embajador Raúl Morodo en Caracas.

Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia "que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces".

El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones "sospechosas" realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción "de importantes cantidades de dinero desde Venezuela" y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Y apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente "en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza".

A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA (819.032€) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA (117.360€). Los investigados usaban "una compleja estructura societaria" para introducir esas cantidades en España.

La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.