Expertos alertan de que entregar la Seguridad Social al PNV es una catástrofe
Sánchez ha cruzado otra línea roja, una que en 40 años no cruzaron los gobiernos del PSOE ni del PP. "Para el nacionalismo vasco era la gran pieza a batir del Estado", según Tomás Burgos.
Sonreía este jueves la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, al estrechar la mano del portavoz del Gobierno vasco y consejero de Autogobierno, Josu Erkorera. Sonreía después de haberle entregado en bandeja de plata una histórica reivindicación del PNV: la cesión del régimen económico de la Seguridad Social a partir del 31 de diciembre de 2021.
Una letra más de la hipoteca de Pedro Sánchez con los nacionalistas vascos e independentistas, a decir de la oposición, que el Gobierno de coalición se ha apresurado a matizar y quitar importancia. Según repiten machaconamente, empezando por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "la caja única no se toca". Y por tanto no hay nada que temer. (Lo recaudado en toda España va a un fondo común y después se reparte).
Es el primer paso hacia el desmantelamiento de un modelo de éxito
"Eso no es cierto. No se puede transferir una parte del sistema sin tocar el régimen económico. Y la caja única forma parte del régimen económico. Nos encontramos con la quiebra del sistema. Éste es el primer paso hacia el desmantelamiento de un modelo de éxito, centralizado, altamente integrado, sofisticado y tecnológicamente muy complejo". Así se expresa el que fuera secretario de Estado de la Seguridad Social durante los gobiernos de Mariano Rajoy, Tomás Burgos, en declaraciones a ESdiario.
Con siete años de experiencia al frente de la Seguridad Social, Burgos alerta de que esta "decisión política" del Gobierno -que no técnica- es un punto de no retorno, un paso "irreversible", un trofeo para el nacionalismo vasco de incalculables consecuencias.
"Para el nacionalismo era la gran pieza a batir del Estado, el garante de la igualdad territorial. Es la bandera de España en los mil centros de la Seguridad Social en toda España", explica. "En algunos territorios del País Vasco o Cataluña, el único baluarte que queda del Estado son los centros de la Seguridad Social", remacha.
Tomás Burgos con la ministra de Empleo con Rajoy, Fátima Báñez.
Nunca el PNV había conseguido llegar tan lejos en cuatro décadas. Tanto con gobiernos del PP como del PSOE, el nacionalismo vasco ha venido reclamando la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, amparándose en el Estatuto de Guernica. Pero jamás fue atendida su reivindicación. Hasta ahora.
Y no parece que Pedro Sánchez vaya a dar marcha atrás. No puede si quiere tener de su parte al PNV, y necesita a los de Íñigo Urkullu. Una vez transferida la competencia, el País Vasco tendrá las manos libres para gestionar las cotizaciones, las prestaciones, los expedientes de regulación de empleo, las concesiones de aplazamientos en el pago de cuotas de las empresas y hasta podrá complementar las pensiones contributivas. Eso para empezar. Por no hablar de la información que manejará.
Se quedan con la parte buena pero sin la mala. Porque manteniéndose la caja única (blindada constitucionalmente), el País Vasco no tendrá que asumir el elevado déficit de una teórica Seguridad Social vasca. Para eso sí está el Estado.
Abierta la veda, lo más probable es que el País Vasco sea el primero pero no el último. El propio Valeriano Gómez, que fue ministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, reconocía este jueves en RNE que hay otras ocho comunidades en disposición de pedir, porque sus estatutos de autonomía también recogen la posibilidad de asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Para entender la magnitud del desastre que puede deparar este cambio en el sistema, no hay más que ver cómo funciona a día de hoy la gestión de las pensiones no contributivas, la única parte del sistema de la Seguridad Social que ha sido transferida a las comunidades autonómicas hasta la fecha.
Recuerda Burgos que mientras el Estado tarda una semana en reconocer una pensión contributiva, en el caso de las no contributivas los plazos se alargan a un mes como mínimo; por no hablar del agravio comparativo, porque hay comunidades que las complementan económicamente y otras no. "Con la descentralización no se ha avanzado en eficiencia y rapidez y por contra se ha retrocedido en igualdad", se lamenta.
Ahora el salto es cualitativo. Y el vértigo, mayúsculo.