El delirante acuerdo entre Sánchez e Iglesias para evitar contradecirse
Se suponía que la unidad en la acción legislativa entre PSOE y Unidas Podemos estaba ya pactada, pero los dos aliados del Ejecutivo han demostrado que siguen líneas radicalmente distintas.
Se suponía que la unidad a la hora de proponer y actuar en la tarea legislativa era una cosa ya cerrada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la hora de pactar el Gobierno de coalición. Pero un pacto formalizado en las últimas horas no solo ha demostrado el grado de improvisación que ha presidido su acuerdo, sino que deja abierta la posibilidad de más choques en el Congreso de los Diputados.
Todo ha venido a raíz de que PSOE y Unidas Podemos han tenido que vérselas la pasada semana con la primera crisis interna importante de su Gobierno de coalición, y han llegado a la conclusión de que, en el futuro, deben evitar que se repita la imagen de división que han dado, al trascender públicamente sus primeras discrepancias.
Para ello, las dos organizaciones han acordado que, a partir de ahora, seguirán una estrategia que no deja de tener un punto delirante: se esforzarán por anticipar esas diferencias antes de que vean la luz, para poder neutralizar así posibles crisis, mediante la búsqueda de "posiciones conjuntas", tanto dentro del Gobierno como en la actividad parlamentaria, según han informado fuentes del grupo parlamentario confederal a Europa Press.
Así, Unidas Podemos tiene previsto priorizar en el Congreso iniciativas legislativas en las que el entendimiento con el PSOE sea fácil de alcanzar; es decir, tratarán de buscar los puntos de encuentro, en lugar de las diferencias.
De momento, el grupo confederal ha remitido a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al menos siete proposiciones de ley para recabar la opinión de los Ministerios, para decidir después cuál priorizar, buscando desde el inicio el máximo consenso con sus socios de gobierno de coalición.
Enjuiciamiento criminal y piquetes de huelga, primeras iniciativas legislativas
Se trata de iniciativas que ya tenían preparadas de la pasada legislatura, como la proposición de ley para derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que limita el plazo para la instrucción de los procesos a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas, o la proposición de ley para la supresión de las penas de cárcel contra piquetes de huelga, ambas ya registradas en el Congreso.
También han seleccionado una proposición de ley para reformar el sistema agrario; otra para publicar los datos de los gastos reservados a los diez años de su uso; una proposición de ley para que el Código Penal militar no se aplique a la Guardia Civil; y otra encaminada a combatir la fuga de empresas subvencionadas del sector industrial.
A estas se suman la proposición de ley que ya presentaron para reforzar la protección de la libertad de expresión, que proponía despenalizar total o parcialmente delitos de enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona o la ofensa a sentimientos religiosos; la iniciativa sobre coordinación de los servicios del Sistema Nacional de Protección Civil; y la proposición para eliminar la segregación por sexo en colegios.